La fiscala de Ciudad del Este Zunilda Ocampos Marín imputó a cuatro agentes policiales y a un hombre que se dedicaría a la usura por la supuesta privación de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión a los jóvenes identificados como Ramón Gabriel Prieto Medina y Víctor David Meza.
Los procesados son los suboficiales Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel, Alcides Villalba González y el oficial inspector Antonio Ávalos Pereira. Además del supuesto usurero, Fernando Daniel Ortigoza, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.
Los agentes enfrentan cargos por privación de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión, mientras que el último soporta proceso por privación de libertad y extorsión, en calidad de cómplice.
La investigación señala que este lunes, a las 2.00 aproximadamente, los agentes circulaban en una patrullera cuando llegaron frente a una peluquería, denominada Belutti, e interceptaron un vehículo, de la marca Toyota Allion, color plata, chapa CEV 141, en el que iban los jóvenes.
Supuestamente, tres policías descendieron del móvil policial y obligaron a las víctimas a a subir a la patrullera, y los llevaron hasta la Comisaría 7ª del barrio San José, donde Víctor Meza supuestamente fue ingresado en un calabozo por el agente Francisco Prieto.
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Mientras que Gabriel Prieto fue llevado hacia un quincho y amenazado en todo momento, presumiblemente, por Antonio Ávalos y Pedro López, quienes le advertían que debían pagar la suma de G. 7 millones para ser liberados.
La denuncia menciona que las víctimas fueron amenazadas que en caso de no acceder a la pretensión se informaría a la Fiscalía que encontraron en su poder estupefacientes.
Ante esta situación Prieto llamó a su madre y a su novia y cuando estas llegaron a la sede policial, los uniformados exhibieron dos tocos de presunta marihuana y continuaron solicitando la plata.
Posteriormente, según la Fiscalía, los agentes bajaron el monto a G. 5 millones e incluso Alcides Villalba y Francisco Prieto proporcionaron el número de teléfono de un presunto usurero, identificado como Fernando Daniel Ortigoza, quien les entregó finalmente los G. 5 millones, dejando empeñado el auto incautado.
Tras concretarse la entrega del dinero de la supuesta extorsión, liberaron a las dos personas, quienes denunciaron el hecho.
Por su parte, la fiscala solicitó el arresto domiciliario para los agentes imputados. En cuanto al supuesto usurero, la Fiscalía pidió al Juzgado Penal de Garantías que lo declare en rebeldía. Finalmente, el Ministerio Público consideró factible la utilización de seis meses de plazo para presentar el requerimiento conclusivo.
