La movilización de la Generación Z dejó un tema caliente para la semana. No por la fuerza (o no) de la convocatoria, sino por la actuación de la Policía, cuyos abusos y torpezas demuestran una vez más que la institución aún no ha aprendido su rol en democracia. Las detenciones ilegales desmontadas por la propia Fiscalía, la violencia innecesaria de los Linces contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, las incautaciones absurdas, bananas y labiales, la inexistente piedra que desestabilizó a la motorizada, desataron hilaridad, dejando a las fuerzas de seguridad como protagonistas de un capítulo hilarante.
A cada declaración de la Policía, salían las pruebas contrarias en los videos en las redes sociales. La capital tiene miles de cámaras que registran todo. Como el Gran Hermano que espía sin piedad, los archivos probaron la brutalidad policial desde todos los ángulos.
El Gobierno, embretado por las denuncias de corrupción que tienen su epicentro en Mburuvicha Róga, busca instalar el relato del “golpismo” a través de sus medios y sicarios mediáticos. De esta manera, pretende desacreditar sin éxito las denuncias periodísticas y la manifestación cuya motivación fue justamente decir basta a la corrupción.
La cúspide de la sobreactuación se dio con la intervención del ministro del Interior, Enrique Riera, quien no solo fue a justificar la violencia policial en el Senado. Allí, con su característica locuacidad, fue a “domar a opositores”, convirtiendo un tema delicado como la violencia policial, en un ring de palabras vacías. No fue a aclarar sino a hacer ruido.
CRIMEN Y CASTIGO. Como la realidad tiene esa manía de colarse para explotar burbujas, ese jueves 2, el sicariato lo bajó de su palabrerío presumido para comunicarle que debe apuntar los recursos de seguridad e inteligencia contra el crimen organizado, el verdadero problema del país. El asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, cuyo gesto de honestidad rechazando un soborno de G. 10 millones de un narcotraficante, lo había convertido en una especie de héroe ético en una sociedad ahogada que sufre la corrupción sistémica, volvía a poner de forma violenta en agenda la narcopolítica.
Esa que no se animan a confrontar.
De nada sirven las declamaciones de las autoridades que ahora emiten loas al héroe y su sacrificio en el altar sangriento del narcotráfico. Podrán detener a los dos jóvenes que aparecen como principales sospechosos, que cometieron el crimen a cara descubierta y con una frialdad inquietante.
El problema es mucho más profundo que un asunto policial/judicial.
Si el Gobierno no empieza a amputar los tentáculos políticos del narcotráfico, si no protege a policías, militares, fiscales y jueces que se animen a confrontarlos, el crimen organizado ampliará su ya potente poder. Como botón de muestra: Esta administración hace alarde del control de las mafias carcelarias. Sin embargo, tras el asesinato y ante las sospechas sobre Miguel Insfrán, se allanó la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, donde está recluido. Tío Rico no estaba en su celda, sino en la Sanidad, donde reposa hace más de un mes “por recomendación médica”. Algunos elementos incautados revelan que tenía acceso a un teléfono celular. Ese aparato que no pudo tener en la cárcel militar porque Moral no solo se negó a recibir el soborno, sino denunció a su superior, que fue condenado.
El poder inmenso del dinero del narcotráfico encuentra en la debilidad institucional su principal fuerza.
SOBRES. No será con enemigos imaginarios que el cartismo desviará la atención de los problemas acuciantes de una sociedad cada vez más desigual y una clase política cada vez más corrupta. El presidente Peña, cuya debilidad en el ejercicio del poder era su principal problema, ahora carga sobre sus hombros sendas sospechas de corrupción. Su abogado podrá sortear una conferencia hablando de unicornios, pero mientras no desmienta con firmeza, solo agigantará las sospechas. Viajar con cada escándalo no soluciona los problemas.
Y tampoco será degradando las instituciones como sorteará las suspicacias. Su agenda personal está desgastando la imagen del Estado. Ya convirtió a la Cancillería en el buffet de Horacio Cartes. Ya convirtió al Banco Central en un árbitro dudoso para beneficio de sus intereses dinamitando años de confianza en el mundo financiero con las escandalosas puertas giratorias. Ahora pone de cabeza el sistema tributario para justificar manejos poco claros de su familia. No le importa desmantelar décadas de esfuerzo y evangelización sobre la formalización fiscal.
En esta huida hacia adelante por no explicar a la sociedad lo que como presidente de la República está obligado a dar, está dinamitando instituciones.
No hay que caer en la trampa. El “golpismo”, que agitan ruidosos los maestros del engaño, no está en las manifestaciones ciudadanas ni en las denuncias periodísticas. Está en el mismo núcleo de poder, cuya fiesta interminable de corrupción y privilegios, no ve, no oye ni siente los clamores de una sociedad cada vez más desprotegida ante una clase política voraz, soberbia y prepotente, que no disimula sus nexos con el crimen organizado, ya sea por acción, ya sea por omisión.
TEXTUAL
“Para nosotros, esto no es relevante en el ámbito tributario (el pedido que habría realizado la primera dama, Leticia Ocampos, de solicitar facturas a nombre de terceros por compras en efectivo que superan los USD 5.000). De ser confirmada esta versión, no constituye un hecho irregular. Nosotros lo que nos ocupamos de que las empresas emitan la factura correspondiente. El comprador puede poner a nombre de él o a nombre de la persona que quiera. Eso no es ilegal, no hay ninguna ilegalidad en ese sentido. Si eventualmente existen indicios de lavado de dinero, el caso pasa a jurisdicción de la Seprelad”. (Óscar Orué, director de la DNIT)
LO QUE HAY QUE SABER
TODO DETALLADO. Tras el escándalo de los audios de la senadora expulsada Yamy Nal, la Contraloría inició la fiscalización de la donación de USD 11 millones de Taiwán al Congreso.
EN PROBLEMAS. Cartes y Peña llevaron su apoyo a González Vaesken en Ciudad del Este. El presidente elogió al clan Zacarías, cuya desastrosa gestión causó la derrota a la ANR en 2019.
RENUNCIA OBLIGADA. El ineficaz general (SR) Juan Ramón Benegas renunció tras una gestión totalmente intrascendente al frente del INDI. Una victoria de la protesta indígena.
¿CAMA A RIERA? En un giro llamativo, la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta del cartismo, condenó la violencia policial contra la Generación Z. Mensaje directo al ministro.
