En la antigua Roma, el río Rubicón funcionaba como una frontera natural entre Roma y las Galias, por lo que estaba prohibido cruzarlo con un ejército armado. Julio César había pedido ser nombrado cónsul, pero esto le fue negado, por lo que decidió marchar sobre la ciudad para derrocar al cónsul Pompeyo, lo que inició la guerra civil.
Al final, el término “cruzar el Rubicón” quedó para expresar el hecho de lanzarse irrevocablemente a una empresa de arriesgadas consecuencias, según la RAE. Incluso, hasta la frase del César quedó inmortalizada.
Esto es más o menos lo que ocurre con los legisladores cartistas a raíz de la expulsión de la senadora Kattya González, en forma arbitraria, sin seguir el procedimiento establecido. Mucho se habló de lo ocurrido el pasado Miércoles de Ceniza, con voces a favor o en contra.
Los que están a favor, señalan que varios congresistas quedaron sin investidura por mucho menos y no hubo reclamos de parte de los medios o la ciudadanía. Además, indican que fue la misma oposición quien inició este tipo de pedidos.
El primer legislador que fue expulsado fue Óscar González Daher, en diciembre de 2017, por corrupción, por 31 votos a favor. Su colega Víctor Bogado, en mayo de 2019, tras ser condenado en el caso conocido como Niñera de Oro, tuvo la misma suerte, por 35 votos a favor.
Le siguió Dionisio Amarilla, el 6 de junio 2019, por 31 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones y dos ausentes. En noviembre de 2019, Paraguayo Cubas quedó sin investidura por 23 votos, uno en contra, 3 abstenciones y 15 ausentes. También, María Eugenia Bajac, en abril del 2020, por violar la cuarentena, por 40 votos a favor. La última fue Kattya González, por 23 votos a favor.
Otros renunciaron antes de ser expulsados, como Jorge Oviedo Matto, Mirtha Gusinky y José María Ibáñez. En Diputados, el único expulsado fue el liberal Carlos Portillo, por 61 votos a favor en mayo de 2021.
Lo que llama la atención (por darle un término) es que justo los dos senadores que molestaban a los colorados fueron echados con mayoría simple de 23 votos y que, además, eran opositores. Los demás tuvieron más de 30 votos para la expulsión. No digo que fueron legales, solo resalto esto.
Pero lo grave de todo es que ahora no se aplicó el reglamento aprobado en diciembre pasado para, justamente, ser utilizado cuando hay pedidos de pérdida de investidura, con lo que se necesitaban 30 votos. Si este reglamento es inconstitucional, debe decirlo la Corte Suprema y no los senadores, por lo que debía aplicarse necesariamente.
Al no utilizar el reglamento, tampoco le dieron derecho a la defensa. Es que la misma Corte Interamericana señala que sí se deben dar los derechos procesales. Según la norma constitucional, toda persona que sea sometida a un proceso del que derive pena o sanción, tiene esos derechos.
En este caso, hay un reglamento para el proceso: Un pedido de juicio, una acusación, la defensa y la resolución del pleno de la Cámara. Además, hay una sanción, la pérdida de investidura. Por tanto, no se puede decir que es un tema político y no se aplican los derechos procesales.
Para la senadora, hubo arbitrariedad porque no se aplicó el reglamento, que era la normativa vigente al momento de pedirse la pérdida de investidura. Según la Corte, la arbitrariedad se da cuando no se aplica la ley ni se observan las pruebas, sino que directamente al capricho del que resolvió la cuestión.
La ex senadora recurrirá a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, pero dudo de que el pedido sea resuelto en esa instancia. Es que los ministros también están amenazados de ser pasibles de juicio político si es que admiten la acción.
Y ahí está la verdadera gravedad del caso: que se atropelle la institucionalidad de la República. No es solo el caso de la senadora, sino la forma en que se realizó la expulsión. A tambor batiente, atropellaron todos los principios procesales y, sobre todo, los democráticos. Esta vez, cruzaron el Rubicón.
