La Cámara de Diputados rechazó, con los votos de la mayoría cartista, el proyecto de declaración presentado por el diputado Diosnel Aguilera que instaba a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dejar sin efecto la inclusión de usuarios en mora en la base de datos de Equifax (ex Informconf), con el argumento de proteger sus derechos económicos y su acceso al crédito.
Durante el debate, el diputado Raúl Benítez cuestionó la postura del oficialismo y sostuvo que la decisión afectará a miles de familias en un contexto de dificultades económicas.
El legislador afirmó que existe una contradicción entre el rechazo a la iniciativa y la defensa previa de decisiones que, según dijo, ocasionaban pérdidas millonarias a la ANDE. También criticó que se impulse el reporte de usuarios morosos a Equifax mientras, a su criterio, no se atacan las causas de fondo del endeudamiento de la población.
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Benítez sostuvo además que la medida representará una “sentencia económica” para numerosos ciudadanos, al dificultarles el acceso a créditos, empleos y otras oportunidades financieras. En su intervención, lanzó duras críticas al oficialismo, al que acusó de gobernar sin conocer la realidad económica que atraviesan los sectores más vulnerables.
Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto cuestionó la oportunidad del tratamiento del proyecto al señalar que fue presentado fuera del plazo previsto en el reglamento interno. Además, respondió a los cuestionamientos de la oposición afirmando que la sensibilidad social debe aplicarse a todos los casos y mencionó supuestas estafas al IPS cometidas por empresas familiares, sin identificar a personas en particular.
Aguilera defendió su propuesta y sostuvo que no corresponde que el Estado agrave la situación de quienes ya enfrentan dificultades para pagar un servicio esencial. Argumentó que incluir a usuarios morosos en Equifax constituye una medida inhumana ya que, además del corte del suministro eléctrico, les impide acceder a créditos para cubrir otras necesidades básicas.
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El debate se tensó aún más cuando la diputada Johanna Ortega exigió a Miguel Del Puerto que identificara a quiénes hacía referencia con sus acusaciones sobre supuestas estafas al IPS.
La legisladora denunció que tanto ella como otros integrantes de la oposición son objeto de ataques personales reiterados y sostuvo que los cuestionamientos políticos no deben trasladarse al ámbito familiar.
Ante el aumento de la tensión, el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, interrumpió el debate para pedir a los legisladores moderar el tono de las intervenciones y permanecer en la sesión hasta concluir el tratamiento del orden del día.
“Les quiero pedir encarecidamente a todos los 80 que fueron electos para cumplir funciones en este lugar y que reciben un salario de la gente por estar un día sesionando en este lugar, que, por favor, terminado este debate, que por supuesto es parte del proceso, que nos quedemos para tratar el orden del día. Porque hay proyectos muy importantes que tienen que ser debatidos”, indicó.
Posteriormente, la diputada Rocío Vallejo pidió aplicar estrictamente el reglamento interno para evitar enfrentamientos permanentes durante las sesiones y sancionar las infracciones correspondientes.
Benítez volvió a tomar la palabra para cuestionar el trato de Latorre hacia los legisladores opositores, afirmando que existe una diferencia en la aplicación de las reglas del debate. También rechazó las alusiones personales realizadas durante la discusión e insistió en que el eje del debate debía centrarse en las consecuencias económicas que, según sostuvo, tendrá la decisión de la ANDE sobre miles de usuarios.
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A su vez, Jatar Fernández pidió elevar el nivel del debate parlamentario para evitar nuevos enfrentamientos y dirigió un mensaje a Latorre. “Acá hay una vil operación para fundirte en capital. Esta operación la están sosteniendo ellos. Si vos perdés el control acá, presidente, perdés el control en capital. No caigas en esa trampa, presidente”, manifestó.
Posteriormente, el diputado Pedro Gómez se refirió a las reiteradas ausencias durante las sesiones y sostuvo que la mayoría corresponde a legisladores oficialistas provenientes del interior del país. Recordó que el reglamento contempla descuentos por inasistencias y reclamó una aplicación más estricta de la normativa. “Muchos vienen del interior y aprovechan para hacer gestiones. No podemos avanzar, no aprobamos proyectos de leyes. El reglamento está, solo depende de usted”, expresó, dirigiéndose a Latorre.
En respuesta, el presidente de la Cámara reconoció que numerosos diputados asisten al inicio de las sesiones y luego se retiran, aunque aclaró que no tiene la potestad para aplicar sanciones en esos casos. Señaló que la situación podría abordarse mediante una modificación del reglamento interno o mediante un mayor compromiso de los legisladores con el desarrollo completo de las sesiones. “O tomamos conciencia todos y nos quedamos”, afirmó.