La Cámara de Senadores se ratificó en su versión del proyecto de ley que “Prohíbe durante el Ejercicio Fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”. Con esto vuelve a la Cámara de Diputados para su último trámite constitucional.
Natalicio Chase, senador líder de la bancada oficialista, afirmó que los proyectistas señalaban, a inicios del mes de abril de este año, que el país afronta una menor recaudación tributaria y los recursos deben ser ajustados aplicando medidas de austeridad.
Alegó que es a los efectos de mantener el equilibrio fiscal, por lo tanto se planteaba la necesidad de que las máximas autoridades compartan el esfuerzo financiero y actúen con responsabilidad con la ciudadanía.
“Creemos que ese esfuerzo que se debe hacer todavía no está salvado a esta altura del año porque el problema de salud aún no se ha resuelto en la parte económica”, refirió.
“Concretamente este proyecto propone suprimir el pago de bonificaciones bajo cualquier denominación durante todo el año 2026 para los cargos de conducción política y mayor jerarquía del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes descentralizados, gobernaciones y municipios. Esto no le afecta a los funcionarios públicos regulares solo a las máximas autoridades institucionales”, expresó.
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Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores, en abril de este año, pero rechazado en Diputados, en julio, con el argumento de plantear el debate dentro del PGN (Presupuesto General de la Nación) 2027, que justamente está ya en proceso de análisis en la Bicameral de Presupuesto.
PROYECTISTA
Basilio Núñez, presidente del Congreso, afirmó que el origen del proyecto fue por las modificaciones que reciben los ordenadores de gastos.
“En mi caso recibí durante un tiempo. Luego vino la supuesta economía de guerra del ex ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos), entonces en consonancia propusimos con varios colegas de diversas bancadas que los presidentes de poderes, los ministros de la Corte, los gobernadores, entonces presentamos este proyecto de ley”, refirió.
“La propuesta es redireccionar el monto que supera los G. 5.000 millones”, precisó.
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Para ratificarse en su versión el Senado necesitaba 23 votos y en total se registraron 29 votos.
