La audiencia, convocada por el diputado Raúl Benítez, se constituyó en una plataforma de debate sobre la situación general del transporte público de pasajeros para analizar distintos proyectos que buscan mejorar el sistema. Entre ellos, el proyecto de reforma que se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores.
Benítez reiteró en varias ocasiones que el proyecto de ley cuenta con varias lagunas e imprecisiones que se prestan a que la ciudadanía se confunda.
Gobernanza y herramientas jurídicas
Uno de los participantes fue el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, quien habló sobre las fortalezas que tiene el plan normativo presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Fernández aseguró que el proyecto de ley dará mayor “robustez” a la gobernanza del Viceministerio de Transporte (VT) sobre lo que refiere al transporte público metropolitano. Aseguró que se busca que las decisiones de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) tengan una opinión vinculante del VT.
Otro elemento clave citado por el viceministro tiene que ver con la declaración de que el servicio sea imprescindible. Asimismo, resaltó la posibilidad de declarar nuevas áreas metropolitanas, siempre que estudios técnicos respalden la decisión.
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Fernández reiteró que la propuesta de ley genera las herramientas jurídicas para incorporar buses nuevos y propicia la inversión mediante la separación de activos estratégicos.
El viceministro de Transporte aseguró que el modelo de negocio que se propone se enmarca en lo recomendado por manuales internacionales.
Entre otras cosas, refirió que se busca la coordinación de semáforos, giros e inversiones con los municipios que forman parte del área metropolitana. Adelantó que se está trabajando en un carril bus entre J Augusto Saldivar–Asunción, la reactivación del carril de la Transchaco, y otro que vaya desde Mariscal Estigarribia/Eusebio Ayala hasta el Mercado 4.
En lo que respecta a la política tarifaria resaltó la creación del Consejo Asesor de Transporte Público, integrado por todos los sectores. “En ese ámbito se abordará la tarifa que es el punto central de todo. Este Consejo donde estará la sociedad civil. Será un foro con participación también de la universidad. Ahí se hablará sobre el subsidio y el pasaje”, dijo.
Proyecto tiende a ser inaplicable
César Ruiz Díaz, presidente de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), aseguró que los empresarios están contentos con el impulso de una reforma. No obstante, advirtió que la propuesta del Gobierno tiene “muchos grises”.
“Se habla de reducir el tiempo y esto solo se habla de carriles exclusivos. No se pudo sostener un solo carril exclusivo para agilizar. Hoy es estacionamiento de motocarros y autos. Se habla de la llegada de acompañamiento tecnológico, pero se tiene un Centro de Monitoreo en el que se gastó USD 4,7 millones, pero no está operativo. Se habla de coordinación de municipios, pero cada Municipio se puede autoregular”, dijo.
Por otro lado, el empresario cuestionó que no haya claridad sobre el financiamiento del sistema. “Se debe construir un patrimonio, se habla de lo que ingresa por pasajes y ese dinero no da, cuando se habla de buses cero kilómetro que debe de tener un impacto en la tarifa. No va subir el pasaje, pero les aseguro que el subsidio se dispara. Se habla de transbordo gratuito, pero eso será para el pasajero por qué alguien debe pagar”, expresó.
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“Pedimos a las autoridades que por lo menos nos muestre su capacidad de mantener el carril exclusivo en la Transchaco. Si todo el sistema falla es que hay un problema de diagramación. Tenemos que aclarar los grises para que la ley sea inaplicable. Necesitamos clarificaciones, números contundentes, demostraciones de ejecución, garantías de que el fideicomiso no se va a usar para calzar otras instituciones financieras”, dijo.
A su turno, Esteban Dávalos, representante de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), reconoció la necesidad de una reforma. No obstante, afirmó que existe un “desconocimiento profundo sobre el proyecto de ley” y puso en duda su sostenibilidad.
“Nosotros queremos mayor conocimiento ante la reforma profunda. En otros países se hacen cursos para los empresarios, para que sepan cómo será la normativa. No sabemos lo que va pasar. Si el pésimo servicio que tenemos hoy no es pagado como corresponde, ¿cómo se pagará algo mejor?”, cuestionó.
Asunción pide respetar su capitalidad
Vicente Cappello, director de Tránsito Asunción, fue otro de los invitados a la audiencia. El funcionario expresó su preocupación hacia varios puntos de la propuesta y cuestionó que la Comuna no haya tenido participación en la elaboración del proyecto.
Cappello comentó que la Municipalidad de Asunción tiene un plan de reforma que requiere de una inversión de USD 15 millones, con la compra de 100 buses nuevos. Pidió al Ministerio de Obras Públicas acompañar el proyecto. Afirmó que la Comuna cuenta con la capacidad técnica para implementar las mejoras.
“Necesitamos que la ley respete la autonomía municipal y que respete a Asunción como la capital. Somos la principal ciudad y tenemos capacidad técnica igual o mejor a la del Viceministerio”.
El director de tránsito de Asunción cuestionó que se pretenda incorporar a Asunción dentro de la misma categoría de Rutas Nacionales y Departamentales, eliminando el control de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Patrulla Caminera.
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“No se establece la contraprestación por el desgate que sufre la ciudadanía. Nos quitan ingresos por publicidad en refugios, impuesto por el boleto, entre otros. Castigan a la capital de la República. Vamos a seguir peleando por la autonomía municipal”, dijo.
El representante de la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (Omapa), Mauricio Maluff, refirió que en la historia del transporte público fueron inexistentes.
“Para nosotros, hoy el sistema es un tormento. La gente que espera por buses sueña con dejar de depender del mismo para llegar a sus trabajos. El sistema es un peligro para la ciudadanía. El Estado no pasa por la ley sino por el incumplimiento de esta”, expresó.
Por otro lado, Hugo Cáceres, de la Organización Horizonte Positivo, pidió al Gobierno mayor transparencia en el manejo del sistema. Sugirió que el proyecto de ley contemple la publicación de datos, sistemas de denuncias, así como una redacción más precisa sobre las sanciones. “Pedimos más garantías, una reforma más legítima y medible”.
