Secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial
Byung-Chul Han nos advirtió sobre la llegada de la infocracia, ese régimen donde la información se convierte en el nuevo instrumento de poder y dominación. En su análisis, la transparencia digital y la sobreabundancia informativa no liberan, sino que crean nuevas formas de control social más sutiles, pero igualmente efectivas que las estructuras autoritarias tradicionales. Los recientes ciberataques que han comprometido sistemas gubernamentales y bancarios en Paraguay ilustran perfectamente cómo esta infocracia opera en la práctica, transformando la gestión de crisis de seguridad en ejercicios de manipulación narrativa que evocan peligrosamente el Ministerio de la Verdad orwelliano.
La respuesta oficial ante estas filtraciones revela una comprensión profundamente deficiente de las responsabilidades que asumen las entidades públicas y privadas en la sociedad digital. Cuando el Estado paraguayo o las instituciones bancarias manejan activos digitales ciudadanos, datos de salud, información financiera personal, registros electorales, datos biométricos, adquieren automáticamente la obligación de proteger esos datos con los más altos estándares disponibles. Sin embargo, los esfuerzos oficiales se concentran exclusivamente en el restablecimiento técnico de servicios, ignorando completamente las consecuencias devastadoras para miles de ciudadanos cuyos datos han sido comprometidos: exposición inmediata a estafas telefónicas, phishing dirigido, robo de identidad, fraudes financieros y chantajes basados en información personal sensible.
Esta negligencia se agrava por una comprensión fragmentada de la ciberseguridad como responsabilidad estatal. En la sociedad digital, la protección de activos ciudadanos no es prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, sino un desafío integral que debe ser abordado desde los tres poderes. El Legislativo tiene la obligación constitucional de desarrollar marcos normativos que definan responsabilidades, sanciones y protocolos específicos. El Judicial debe garantizar la aplicación efectiva de estas leyes, protegiendo derechos digitales y sancionando negligencias institucionales. Esta fragmentación ha resultado en un vacío legal que facilita la proliferación de narrativas falsas sin consecuencias institucionales.
Lo más alarmante, sin embargo, es la instalación sistemática de relatos que se alejan deliberadamente de los hechos verificables. Esta manipulación no se limita a una sola institución, sino que se articula de forma coordinada a través de distintas esferas del Estado. El Poder Ejecutivo minimiza repetidamente los ciberataques; el Poder Judicial guarda un silencio cómplice, omitiendo la aplicación de la ley y desprotegiendo sistemas sensibles como el del Registro Público; el Tribunal Superior de Justicia Electoral insiste en la invulnerabilidad del sistema electoral mientras impulsa, con premura, la adquisición de máquinas de votación sin exigir estándares mínimos de seguridad de la información; y el sector privado, por su parte, niega tanto la magnitud de la exposición de datos financieros como la existencia de vulnerabilidades graves evidenciadas en la caída de servicios críticos, como ocurrió en una operadora telefónica.
Esta aparente sincronización discursiva, más allá de simples fallas comunicacionales, sugiere la existencia de una estrategia, consciente o inconsciente, orientada al ocultamiento de la verdad. Una estrategia que atraviesa divisiones institucionales y que plantea serias implicancias para los derechos ciudadanos y la integridad del sistema democrático.
Han tenía razón al identificar cómo la infocracia opera a través de la manipulación sutil de narrativas más que mediante la censura directa. En nuestro país, presenciamos la materialización de este fenómeno: Un sistema donde múltiples instituciones adoptan simultáneamente posturas de negación ante hechos verificables, construyendo una realidad alternativa que protege intereses institucionales o empresariales a costa de la seguridad ciudadana. Esta coordinación de desinformación institucional constituye una forma de autoritarismo informativo que erosiona sistemáticamente la confianza democrática.
La evasión de responsabilidades constitucionales se facilita precisamente por esta fragmentación de la verdad. Cuando cada institución construye su propia versión de los hechos sin rendir cuentas ante estándares objetivos de protección ciudadana, el resultado es una abdicación colectiva del deber constitucional fundamental de proteger a los ciudadanos. La Constitución Nacional no admite interpretaciones ambiguas sobre esta obligación, pero la manipulación coordinada de información permite que las instituciones evadan sus responsabilidades sin consecuencias aparentes.
La comparación con el Ministerio de la Verdad orwelliano adquiere aquí su dimensión más preocupante. Mientras Orwell imaginaba un régimen todopoderoso capaz de controlar completamente la información, en el Paraguay observamos algo quizás más insidioso: una red descentralizada de instituciones que, sin coordinación aparentemente formal, adoptan estrategias similares de manipulación narrativa. Esta descentralización hace el fenómeno más difícil de identificar y combatir, pero no menos peligroso para la integridad democrática.
Han también alertó sobre cómo la transparencia digital, paradójicamente, puede facilitar nuevas formas de opacidad institucional. En el caso paraguayo, la sobreabundancia de información técnica sobre los ciberataques, reportes, comunicados, declaraciones contradictorias, principalmente en las redes sociales, crea una cortina de humo informativa que oscurece las consecuencias reales para los ciudadanos afectados. Esta táctica de sobresaturación informativa es característica de la infocracia: no se oculta información, se la multiplica hasta volverla incomprensible para el ciudadano común.
La superación de esta crisis sistémica requiere reconocer que estamos enfrentando un fenómeno que trasciende la ciberseguridad tradicional. La protección de activos digitales ciudadanos exige el desarrollo urgente de marcos normativos integrales que involucren activamente a los tres poderes, establezcan protocolos específicos para la atención de víctimas de filtraciones, y creen mecanismos de supervisión independientes que impidan la manipulación coordinada de información sobre amenazas digitales. Este mismo modelo luego debe replicarse a todo el resto de la sociedad, hasta llegar a las pequeñas empresas.
Paraguay debe desarrollar resistencia institucional contra las dinámicas de la infocracia que Han identificó tan lúcidamente. Esto implica crear mecanismos que garanticen la transparencia real, no la sobresaturación informativa, sobre amenazas digitales, establecer protocolos de comunicación que prioricen la protección ciudadana sobre la imagen institucional, y fortalecer la capacidad ciudadana para discernir entre información veraz y manipulación narrativa.
La democracia paraguaya se encuentra en una encrucijada crítica donde debe elegir entre sucumbir a las dinámicas de control informativo que caracterizan la infocracia contemporánea, o desarrollar instituciones genuinamente transparentes y responsables que protejan tanto los activos digitales como la integridad informativa de sus ciudadanos. La elección que haga determinará no solo su capacidad de enfrentar amenazas cibernéticas futuras, sino la supervivencia misma de su carácter democrático en la era digital. La ciberseguridad es un asunto de Estado, es un asunto político. Como sociedad ¿Cuándo la vamos a encarar?
