Es la primera vez que legisladores y el propio Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer, toman posición sobre el caso de acoso denunciado en el 2014 por una estudiante de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción contra su profesor Cristian Kriskovich.
El docente está actualmente en el Consejo de la Magistratura en representación de las universidades privadas y, como representante de ese órgano, es también miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que se encarga de juzgar a jueces y fiscales por mal desempeño.
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En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta a Kriskovich a renunciar a estos dos órganos. La propuesta fue presentada por la colorada Lilian Samaniego y una mayoría la apoyó.
Minutos después, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado por el cual apoyaba la posición del Senado y se puso a disposición de la denunciante para brindarle atención.
Al ser consultado sobre estas posturas, Kriskovich respondió a Última Hora: “No voy a renunciar y los argumentos voy a exponer el lunes en la sesión del Consejo de la Magistratura”.
Refiere que los senadores no tenían toda la información con respecto al caso y que actuaron de manera sesgada. “Defiendo mi inocencia y la causa ya fue desestimada”, mencionó, para luego explicar que la Constitución Nacional establece que “no se pueden reabrir los procesos fenecidos”.
En ese sentido, coincide con su abogado Alfredo Montanaro, quien opinó que jurídicamente no tiene validez la decisión del Senado.
“Yo como abogado considero que el único estamento que puede sugerirle o retirarle la confianza como miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento es la Universidad Católica”, dijo, atendiendo a que Kriskovich representa a esa institución académica.
Argumentó que hay una “cuestión política” detrás de la intención de, supuestamente, pronunciarse en contra del caso de acoso, pero no especificó de qué se trataría porque prefiere hablar del ámbito jurídico, en el que representa a Kriskovich.
Meses después de emprender la denuncia, la estudiante apareció en la lista de alumnos que compraron notas en la Católica, cuya investigación sigue en curso. Ella había declarado que esto fue una represalia y, desde hace pocos días, tiene una orden de captura por esta causa.
Fue esta decisión la que hizo enfurecer a los activistas que la defienden y esta mirada fue extendiéndose hacia las autoridades, que ahora se posicionan a favor de la universitaria.
En cuanto a Kriskovich, cuando fue desestimada la causa del caso de acoso sexual, el Ministerio Público opinó que solo hubo “galanteo” a la estudiante. Pero como ella siguió insistiendo en su denuncia públicamente, el profesor la demandó por daños morales por USD 450.000.
Esta demanda está paralizada, de acuerdo al abogado Montanaro, por la serie de chicanas que interpone el representante legal Juan Martín Barba.
