Los querellantes en la causa “Ministerio Público c/ Albino Ramón González Brítez y otros s/ homicidio doloso” presentaron recusaciones contra la jueza penal de garantías Fanny Aurelia Cáceres Barrios y contra los miembros del Tribunal de Apelaciones de Boquerón, alegando falta de imparcialidad y presuntas irregularidades en el proceso judicial.
La acción fue promovida por Juan Carlos Vera y Asunción Franco de Vera, familiares de Juan Ramón Vera Franco, conocido como Jota, víctima de un asesinato que conmocionó a la comunidad de Filadelfia.
Las decisiones adoptadas por los magistrados intervinientes afectaron la confianza en la objetividad del proceso y el respeto al debido proceso, según los querellantes.
La recusación contra la jueza Fanny Cáceres, del Juzgado Multifueros de Neuland, fue presentada luego de que estuviera prevista la audiencia preliminar del procesado Hugo González, hermano del intendente de Boquerón y considerado uno de los principales sospechosos en la causa, así como también de los acusados Carballo y Gavilán.
Los querellantes sostienen que la magistrada habría demostrado un trato preferencial hacia los procesados, quienes mantienen vínculos familiares con el jefe comunal.
Entre los hechos señalados, se menciona que Hugo de los Santos González Brítez habría sido autorizado a trasladarse hasta el juzgado en el vehículo de su abogado defensor, sin custodia policial, pese a existir notificaciones para su comparecencia bajo control policial.
También cuestionan que, durante el proceso de extradición de Albino Ramón González Brítez, la jueza no habría determinado el lugar de reclusión del procesado, delegando esa responsabilidad al director de Institutos Penales.
Lourdes Vera, hermana de la víctima, expresó fuertes críticas contra el manejo judicial del caso. “No sentimos confianza en su trabajo porque creemos que siempre tuvo un favoritismo hacia la familia González”, afirmó.
La mujer también cuestionó la rapidez con que la jueza respondió a la recusación y remitió el expediente al Tribunal de Apelaciones.
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Recusación al Tribunal de Apelaciones
Posteriormente, los querellantes decidieron recusar también a los miembros del Tribunal de Apelaciones de Boquerón, integrado por Emigdio Castillo Lezcano, Carlos Miranda y César Macoritto.
Según la familia, los magistrados ya habrían intervenido en el caso al modificar la calificación jurídica contra Hugo González, lo que consideran una “preopinión” que comprometería su imparcialidad. “Son los mismos magistrados que cambiaron la carátula del proceso contra Hugo González”, sostuvo Lourdes Vera.
La familia de la víctima cuestiona que la Fiscalía haya acusado inicialmente a González como coautor de homicidio, pero posteriormente la calificación haya sido modificada a perturbación de la paz de los difuntos y obstrucción a la Justicia.
“No tiene sentido que a alguien acusado por homicidio le cambien la causa de esa manera. Es una verdadera vergüenza”, expresó la hermana del fallecido.
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Los querellantes solicitaron el apartamiento de la jueza y de los miembros del Tribunal de Apelaciones, invocando el artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser juzgado por magistrados competentes, independientes e imparciales.
Advirtieron además que, si los jueces no se apartan de la causa, presentarán una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunto mal desempeño de funciones.
Mientras tanto, la causa por el homicidio de Jota Vera continúa su curso en el sistema judicial, a la espera de que se resuelvan los planteamientos presentados por la parte querellante.
