Niños y niñas son los más afectados, porque los condena a vivir el resto de sus vidas en pobreza y vulnerabilidad, ya que el hambre impide aprender y tener salud para que en la juventud y adultez puedan contar con las capacidades que exigen los empleos de calidad.
Salir de la trampa de pobreza en Paraguay requiere al menos 12 años de estudios, condición difícil de lograr con hambre y enfermedades.
La crisis alimentaria se vincula de manera directa con el abandono del Estado a un sector productivo fundamental no solo para vencer el hambre en el sector rural, sino también para generar oportunidades económicas a la población en edad de trabajar y alimentos a precios justos para la población urbana.
La agricultura familiar está desapareciendo de las políticas públicas y ni siquiera es protagonista en programas como Hambre Cero.
La productividad laboral, así como los ingresos medios de los hogares con pequeños productores de alimentos, cayó drásticamente en los últimos años, en paralelo a la reducción de las inversiones públicas en el sector. Esta situación explica el aumento de los precios de productos básicos de la canasta familiar paraguaya como el maíz, poroto, tomate, cebolla, locote y verdeos.
La crisis alimentaria se agrava con la crisis climática. Los pequeños agricultores, responsables de una gran parte de la producción de alimentos, son los primeros afectados por los fenómenos climáticos extremos. Sequías prolongadas, inundaciones impredecibles y plagas más agresivas han reducido los rendimientos de cultivos básicos y encarecido los costos de producción. Las políticas de mitigación del cambio climático tampoco llegan al sector.
Las cosechas perdidas y los suelos erosionados se suman a los mercados que no compensan el esfuerzo de quienes producen los alimentos debido a la existencia de intermediarios que abusan de su poder de mercado bajando los precios a los campesinos y subiendo a los consumidores.
Toda la población pierde, mientras que unos pocos ganan.
Los campesinos han visto cómo sus tierras se vuelven improductivas en cuestión de años. Sin acceso a tecnología ni financiamiento, no pueden adaptarse a los cambios por los altos costos y sus bajos e inestables ingresos. Muchos migran a las ciudades, engrosando los cinturones de pobreza urbana, mientras otros resisten en condiciones cada vez más precarias.
La crisis alimentaria rural no es un problema aislado: afecta a todos. Si no se protege a quienes cultivan la tierra, las ciudades enfrentan desabastecimiento y precios inalcanzables.
La crisis alimentaria debe abordarse con políticas integrales que incluyan inversiones en infraestructura vial en las zonas de agricultura familiar, infraestructura en las fincas para reducir los efectos del cambio climático, acceso a mercados y a compras públicas y asistencia técnica para aumentar la productividad. Debe considerar también la inclusión de jóvenes y mujeres, que son los grupos con menores oportunidades económicas en el sector rural y que deben migrar.
La gravedad del problema merece soluciones urgentes, estructurales y de largo plazo que son posibles en Paraguay. No hay excusas posibles.
