Además, se decidió la remisión de todos los antecedentes de ambas magistradas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público, para que lo tengan en cuenta en el marco del sumario administrativo contra Cibils y González de Bristot.
La resolución también ordena que todos los funcionarios pertenecientes a los Juzgados de Paz de la Encarnación y San Roque, que prestan servicio en la unidad de las magistradas castigadas, también sean suspendidos y sumariados por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de los funcionarios: Martina Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tillería, Audrey Galeano, así como Héctor Noguera, Óscar Frutos Meza, Guadalupe Almada, Patricia Leiva y Víctor Santacruz González.
Igualmente, los miembros de la máxima instancia judicial ratificaron la auditoría a los Juzgados de Paz de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villamorra, y una vez concluida la investigación se estaría adoptando las medidas pertinentes.
más sumarios. Además, la Corte dispuso el sumario por supuestas irregularidades, a Gustavo Villalba Báez, juez de Paz del Distrito Catedral; al actuario judicial Gabriel Acosta Lopez; los funcionarios Jorge Rene Montiel, Noelia Nuñez, Oscar Trinidad y Osvaldo Insfrán Vera; y los oficiales de Justicia, Darío Cáceres Olazar y Javier Cristaldo Giménez.
De igual manera, se instruyó sumario administrativo por supuestas irregularidades a la jueza de Paz, Natalia Garcete Aquino, del Segundo turno del Distrito La Catedral, Asunción.
La auditoría también afecta a los actuarios Olivia Mosqueda Nuñez y Pablo Irigoitia; el ujier notificador Alfredo Samudio; y el oficial de Justicia Renato Sosa; funcionarios que fueron suspendidos.
Por último, se ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata a Juzgados de Santísima Trinidad, Turnos 1, 2 y 3; La Recoleta y Villa Morra de la capital, a los efectos de constatar de eventuales irregularidades en tramitación de procesos ejecutivos, así como identificación de presuntos responsables.
En la causa, las víctimas de la llamada mafia de pagarés llegaron a exigir a las autoridades que investiguen a fondo los casos de estafas para erradicar por completo la estructura corrupta y que todos los responsables paguen ante la Justicia por haber ocasionado millonarios daños económicos a miles de víctimas, en su mayoría funcionarios públicos.
