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El amordazamiento extorsivo a la ciudadanía por parte del crimen organizado es cada vez mayor y si antes era la propia estructura terrorista del Estado la que silenciaba a la población y a periodistas en particular que eran críticos hacia ella, ahora, aquel poder de silenciar se ha trasladado casi de manera exclusiva a las estructuras criminales de las bandas dominantes en la frontera.
“En Pedro Juan, hace días corrió un aviso que dice: ‘No den cámara de circuito cerrado a la policía’”, menciona Juan Martens, lo que considera que es una censura previa muy grande.
En la fronteriza capital del Amambay ha reinado desde siempre la ley del silencio. Es bien conocido que aquel que no se metía con el crimen organizado podía llevar una vida relativamente tranquila en la ciudad. Esta realidad quedó patente el 26 de abril de 1991, con el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, quien pagó con su vida el hecho de “abrir la boca” y “meterse en los asuntos” de los grandes traficantes de la época.
“En la medida en que también los periodistas cada vez tengan más miedo, se autocensuren por temor a represalias, así la gente menos va a colaborar y menos va a denunciar”, advierte el criminólogo.
Es por eso que no entiende el porqué de la falta de aprobación de la ley de protección a periodistas, que en el último intento de estudio, la Cámara de Senadores decidió postergar por 30 días.
“La Corte Interamericana dice ‘a periodista y defensores de derechos humanos’ y se supone que un Estado democrático debe crear condiciones de libertad de expresión. Si están temiendo crear condiciones de libertad de expresión, estamos caminando cada vez más hacia una cuestión autoritaria”, recuerda Martens.
Otro aspecto que menciona el criminólogo es que la gente no denuncia los hechos delictivos porque no confía en las autoridades, “estos mismos dicen que no va a pasar nada, que es una pérdida de tiempo”, y además que temen hacerlo. “Es la desconfianza institucional y el temor a ser víctimas de represalias”.
“El porcentaje es, de cada diez delitos que ocurren, siete no se denuncian en Paraguay. A eso se llama cifra oculta de la delincuencia”, expresa.
De cualquier manera, no es recomendable que la gente denuncie hechos de narcotráfico o microtráfico, porque la criminalidad organizada está muy infiltrada en el Estado y terminan sabiendo y poniéndose en riesgo las personas.
Al respecto, recomienda el fortalecimiento del Estado de derecho, con reuniones con el ministro, la formación de comisiones vecinales, “solo no se puede hacer esto”, dice, haber conciencia ciudadana.
AMENAZAS. Resuenan las alarmas ante los últimos amedrentamientos a comunicadores.
El lunes 14 de octubre, una bomba molotov fue lanzada por un desconocido a la casa del periodista Aníbal Benítez, además de un proyectil con el mensaje “cuídese”.
El 17 de setiembre, el director de El Observador, Carlos Javier Benítez Gauto, fue víctima de un ataque a balazos a su vivienda y de mensajes amenazantes en las redes.
El 18 de setiembre, Fabián Costa, jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, sufrió la misma suerte.
Datos brindados por un hombre posibilitaron la captura de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo del Perú, por el que reclama el pago de una recompensa, pero ahora teme por su vida.
