Víctor Rufino Trinidad es presidente de la comisión y denunció que Jannely de los Ángeles Domínguez está al frente de esto. Pide al Ministerio Público iniciar la investigación antes de que desaparezcan las pruebas.
Contó que cada víctima llegó a pagar primero G. 175.000 para inscribirle como socio dentro de una cooperativa de nombre Yvyrusu.
Luego pagaron G. 150.000 para conformar la sociedad de la entidad, y seguidamente unos G. 300.000 por topografía y agrimensura “de una propiedad que jamás existió”. Por último, solicitaban entregar G. 1.500.000 para supuestamente depositar en una caja de ahorro a plazo fijo.
“Los censados sí existen, pero la tierra no existe. Ilusionaron a la gente con el proyecto de vivienda y jamás tuvieron las propiedades para construir”, lamentó el abogado de las víctimas.
Karen Arévalos, otra supuesta víctima, contó que los de SAT les decían que tenían que entregar la plata para que les puedan dar la vivienda. “Si no entregábamos, nos sacaba del proyecto”, dijo.
“Decían que teníamos que dar la plata para que nos den la vivienda. Si no, nos sacaban del proyecto”.
El Servicio de Asistencia Técnica es dependiente del MUVH y es prestadora de servicio a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis). Trabaja con las comisiones vecinales que quieran acceder al beneficio social, como lo es la vivienda.
La casa que les ofrecían era de dos dormitorios, un baño, una cocina con sala y comedor, pero ese sueño se derrumbó cuando se enteraron de que en la cooperativa nunca figuraron como socios.
“Este SAT inventó una factura de una cooperativa instalada en Villarrica que no tiene sucursal en Asunción. Montaron una oficina sobre la calle López de Filippi y Doctor Caballero Álvarez, en la capital, contrataron personas que se hicieron pasar por funcionarios de la cooperativa”, expuso el abogado.
Su padre hacía lo mismo, denuncian
Según las investigaciones de las víctimas, Jannely Domínguez, principal sospechosa en la causa, es hija de Édgar Arnaldo Domínguez Domínguez, quien este año fue condenado a 4 años de cárcel por producción de documentos no auténticos y apropiación.
A través de su empresa Roma Import Export, adjudicada por el MUVH para construir viviendas, se habría quedado con un millonario monto, sin hacer las obras.
Esa misma empresa (ya inhabilitada) hoy factura los pagos de la comisión vecinal de Ypané, según documentos acercados.
Las denuncias
Las víctimas ya presentaron una denuncia ante la Dirección de Transparencia del MUVH.
También hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, que tiene a su cargo el fiscal Silvio Alegre.
