En la sesión del pleno de la Corte Suprema, la ministra Carolina Llanes tomó la palabra y señaló que quería puntualizar algunos hechos respecto a la visita de las cuatro juezas de Ejecución al penal de Emboscada Antigua, donde hallaron las celdas vips, lo que tuvo gran repercusión.
Por su parte, Víctor Ríos señaló que le extrañaba que porque cuatro juezas realizan su trabajo, exista tensión. César Diesel, presidente de la Corte, remarcó que no era la primera vez que se realizaban este tipo de visitas.
En el caso de la ministra Carolina Llanes, la magistrada señaló que a partir del año 2000 tuvieron trabajo en las penitenciarías y en el año 2015, se completaron las normativas y las leyes sobre el sistema penal, que facultan a los jueces de Ejecución a ejercer poder jurisdiccional en las cárceles.
Acotó que conforme a esto, las juezas de Ejecución tienen intervención directa en las penitenciarías. Incluso, citó el artículo 19 numeral 4 del Código de Ejecución, que les faculta a las visitas sin previo aviso, pudiendo exigir a las autoridades los cambios necesarios.
Además, citó otros artículos de la misma normativa que le dan potestad para la vigilancia a través de visitas programadas y las revisiones trimestrales, lo que se está trabajando con todos los jueces de la República, y se programan las actividades.
Remarcó que el pasado viernes 22 de agosto, con la visita de dos juezas de Ejecución Especializada y dos juezas de Ejecución del fuero ordinario, quienes realizaron el recorrido a la Penitenciaría de Emboscada Antigua, donde en forma fortuita, se encontraron con las celdas vips, por lo que confeccionaron actas de todo lo visto con todos los detalles.
Además, refirió que el 25 de agosto, las juezas elevaron un informe pormenorizado a la Corte y al Ministerio de Justicia, a raíz de lo cual se intervino la penitenciaría, hubo traslados de internos y separación de autoridades.
Llanes apuntó que celebraban eso, ya que venían trabajando dentro de la política criminal, que debe fortalecerse. Además, indicó que a raíz del informe, la Corte convocó ayer a las cuatro juezas, quienes hicieron un relato pormenorizado, respondiendo a las preguntas de manera consistente.
Explicó que si hubo tensiones, no dudan en ningún sentido ante el hallazgo de las juezas que cumplieron con su rol. Resaltó el carácter que debían tener para ello, y que conocían de la honestidad, compromiso y coraje de las magistradas.
La ministra Llanes también apuntó que desde la Sala Penal velan por la buena marcha del sistema penal, y que seguirán trabajando para combatir dicha situación. Recordó que el Paraguay se comprometió desde hace años a combatir la criminalidad en todas sus facetas, en especial la corrupción.
Además, citó el cambio de legislación, los compromisos con Gafilat, el cambio de las legislaciones, entre otros, a más de referir que el próximo examen iba a ser en el 2030.
Aseguró que las fuerzas en pugna eran desproporcionadas, y que debía haber un esfuerzo conjunto del Estado, tener una hoja de ruta con la política criminal e incluso involucrar a la sociedad civil.
Con ello, sostuvo que mantenían la confianza en las juezas valientes que realizan su labor con la eficiencia requerida sin menoscabo de los derechos de los justiciables.
¿Por qué debe haber tensión?
Por su parte, el ministro Víctor Ríos, en la misma línea manifestada por su colega Carolina Llanes, refirió que el control de las cárceles era un tema neurálgico central para la democracia.
Indicó además que el deterioro del sistema penitenciario hizo que los Estados perdieran la soberanía en las prisiones, lo que ya motivó condenas internacionales por la mala gestión de los centros penitenciarios.
Luego se preguntó: "¿Por qué debe haber tensión por la presencia de un juez de la República en un centro penitenciario?”.
Manifestó que eran magistradas y tenían el imperio de la Constitución, entonces, "¿cómo puede haber tensión porque cumplan su función? Me llama la atención”, aseguró.
Afirmó que las magistradas cumplían con sus obligaciones. “La idea es que las cárceles no sean verdaderos infiernos, que se respeten los derechos humanos, pero tampoco que sean centros estratégicos de operación. Muchas de las cárceles eran oficinas de trabajo del crimen organizado”, acotó.
Remarcó que de repente “estos grupos, para tomar venganza hacia los miembros de las otras bandas, cortaban cabezas y jugaban fútbol con sus cabezas, o instigaban a suicidarse y filmaban. Esto no puede seguir pasando”.
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“El trabajo de las juezas de Ejecución es velar por las víctimas. No puede el Estado renunciar al ejercicio de su soberanía. Siempre es mejor trabajar con la prevención”, adujo Ríos.
Asimismo, recordó verdaderos actos de guerra a los que tuvo que recurrir el Estado para desmantelar el Clan Rotela en el penal de Tacumbú. “Los centros penitenciarios no son Estados aparte. No es un Estado dentro del Estado, con características mafiosas, y por eso, la recomendación es su control cotidiano”, argumentó.
“Me extraña que deba haber tensión en este temas, porque no se controla la atención porque fueron a cumplir con una tarea”, dijo, por lo que corresponde el apoyo a jueces y juezas de Ejecución para cumplir con la ley y tratados internacionales.
Por su parte, el ministro César Diesel, presidente de la Corte, aclaró que no fue la primera intervención en las cárceles, ya que son varias realizadas durante el año en cumplimiento de su obligación de hacer las visitas y labrar actas de todo lo que vieron, sin hacer juicio de valor y trasladar esto a las instituciones correspondientes, que seguramente tendrán las explicaciones, dijo con lo que dio por cerrado el tema.
