La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó al fallecido Juan Pío Paiva y a la sociedad Ycuá Bolaños V a pagar G. 4.500 millones a Felipe Palacios y a su esposa María Morínigo como indemnización por la muerte de sus tres hijas durante el incendio, informó el periodista de Última Hora Raúl Benítez.
Esta resolución de la máxima instancia judicial sale casi dos semanas después de la muerte de Juan Pío Paiva, el entonces propietario del supermercado Ycuá Bolaños, quien fue imputado al día siguiente del siniestro que ocurrió en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.
Pese al dolor por las pérdidas, el matrimonio Palacio Morínigo se aferró a la vida y con los años decidió adoptar a dos hijas.
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Si bien Felipe y María llevan en la piel y en el alma las marcas del siniestro ocurrido hace más de 20 años, en su momento aseguraron que la decisión de adoptar surgió a partir del sentimiento de dar amor.
Juan Pío Paiva fue procesado por los cargos de homicidio doloso, junto a su hijo Víctor Daniel Paiva, quien murió por Covid-19 en octubre de 2020. Además, se realizaron 178 demandas de indemnización por el monto de G. 450.000 millones en el fuero civil.
El incendio del Ycuá Bolaños fue la prueba más grande que tuvo la Justicia en la era democrática. Más de 70 jueces se excusaron de tomar la causa más candente del país durante varios años. Un juicio terminó a los sillazos y con una revuelta en las calles.
Padre e hijo estuvieron en prisión y afrontaron dos juicios orales por homicidio doloso y la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. En el segundo, condenaron a Juan Pío Paiva a 12 años de cárcel y a Víctor Paiva a 10 años.
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El ex propietario del Ycuá Bolaños obtuvo libertad condicional 10 años más tarde de la catástrofe, en diciembre de 2014. Para el 2018, pidió a la Justicia la extinción de su pena.
El 20 de abril de 2010, el Congreso Nacional decidió indemnizar a 327 personas, entre ellas sobrevivientes y víctimas fatales del siniestro. La ley fue promulgada por el gobierno de Fernando Lugo.
Por cada fallecido, el Estado abonó la suma de G. 160 millones, mientras que por cada lesionado grave se destinaron G. 115 millones; y por cada lesionado leve, G. 57 millones. Sin embargo, no todas las víctimas lograron acceder a ese pedazo de justicia.
