La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo lugar a la demanda y fijó un plazo de cuatro meses para que ambas partes presenten las pruebas y documentaciones, antes de fijar la audiencia, según informó el periodista de Última Hora Fredy Aguilera.
La abogada Sara Parquet, representante del ex ministro de la Corte Suprema, manifestó en Monumental 1080 AM que la Corte IDH tiene la facultad para determinar que Bonifacio Ríos Ávalos sea repuesto en su cargo o que se den indemnizaciones, costas y gastos.
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“Habiendo el Estado firmado los tratados internacionales se somete a las instancias y debe cumplir las resoluciones”, dijo.
La abogada explicó que Bonifacio Ríos tiene 63 años y tiene las condiciones para ocupar una vacancia en el caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine que él deba ser repuesto.
“Nuestra petición es la reposición en el cargo, los salarios caídos y los gastos”, dijo la abogada Parquet.
Sara Parquet no quiso precisar el monto de dinero que se pide, pero señaló que son unos 16 años los reclamados por su cliente como salarios caídos. “Ahora mismo ponemos esto en manos de un perito contable. Nuestro interés es pedir lo que está en la ley”, dijo.
“Este no es un caso parecido a Arrom y Martí, nuestro interés principal al plantear esta petición como Sara Parquet, esposa de Bonifacio Ríos, es demostrar de que haberle separado del cargo fue una aberración y violó todos sus derechos. Fue separado porque Nicanor quería una Corte a su medida”, afirmó.
Notificación de reposición
La Cámara de Senadores recibió en octubre pasado una comunicación sobre la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos como ministro de la Corte Suprema.
Ríos Ávalos fue destituido de la máxima instancia judicial en el 2003 por la vía del juicio político. Sin embargo, el entonces ministro presentó una acción de inconstitucionalidad ese mismo año.
Ante esa situación, la Sala Constitucional de la Corte resolvió reponer en el cargo tanto a Ríos como a Carlos Fernández Gadea, quien también había corrido la misma suerte en aquel tiempo.
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Las máximas autoridades del Poder Judicial dejaron sin efecto la decisión de la Sala, a través de una resolución administrativa en enero del 2010. Sobre ese punto, el entonces fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, planteó una aclaratoria con respecto al fallo.
Recién en setiembre de este año, después de varios años, el ministro Manuel Ramírez Candia firmó un documento con el que se rechaza el planteamiento del Ministerio Público. Los camaristas Cristóbal Sánchez y Ana López también firmaron la resolución.
Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó reponer en el cargo y el pago de los salarios caídos, más los costos y costas del juicio como solución amistosa, pero Paraguay lo rechazó.
