La Sala Penal de la Corte rechazó un recurso de aclaratoria que presentó el abogado de los acusados, en contra de una sentencia de los mismos ministros confirmando el juicio oral y público para Roberto Garcete y su hijo. Ahora, se debe conformar un Tribunal de Sentencia y fijar las fechas.
El caso se inicia en el 2013, cuando el ingeniero Miguel Britos Villalba recurre a Roberto Damián Garcete Rodríguez para acceder a un préstamo de G. 200 millones, ante una situación de urgencia en su empresa constructora Proyinel SA.
El 26 de junio de ese año, el hombre acudió con sus hijas hasta una escribana de confianza de Garcete, María de Lourdes Duarte, donde se le persuadió de firmar un supuesto compromiso de pago.
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Lo que no sabía era que esos documentos en realidad estaban preparados para ser una compraventa de la vivienda de la familia, que estaba valuada en G. 1.100 millones.
Él ya había pagado G. 100 millones en el 2014, y luego entregó dos cheques de la APF por la suma de G. 300 millones. Acá, Britos ya entregó el doble de lo que se le prestó.
En noviembre de ese año, el ingeniero y sus hijas fueron convocados a una oficina que resultó ser la de Ramón González Daher, quien, sin conocerles, les intimó a salir de la vivienda en 30 días.
En el mes siguiente, le dijeron que si quería recuperar su casa, debía pagar G. 2.257 millones. “Britos, con el propósito de ganar tiempo, entregó cuatro cheques a Garcete, quien a su vez entregó a González Daher”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Allí comenzó el calvario. La víctima terminó siendo demandada por supuesta estafa a RGD de G. 564.360.000, siendo que él ya saldó toda la deuda y más. Finalmente, la Justicia le dio la razón al ingeniero Britos y este fue absuelto.
Trabas en el proceso penal
El 29 de agosto del 2024, el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia había enviado el caso a juicio y este sábado se cumplen dos años de que el caso ya se elevó.
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A partir de allí, se vinieron una serie de trabas en la causa, presentando primero la defensa una apelación, recurso que el Tribunal de Apelaciones rechazó, confirmando la elevación a juicio.
Entonces, Roberto Garcete (padre e hijo) interpusieron un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero los ministros lo declararon inadmisible, reconfirmando que el caso debe ser juzgado por un Tribunal de Sentencia.
