Esta mañana, durante la sesión del pleno de la Corte, se decidió convocar a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero Librada Peralta, quien fue imputada por la Fiscalía.
La audiencia es para escucharla y luego tomar una decisión sobre una eventual suspensión. La magistrada fue imputada por supuestamente usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Ante esto, el ministro Manuel Ramírez Candia propuso que se pida el informe sobre la imputación para que la próxima semana se pueda tomar una decisión al respecto.
Por su parte, el presidente Alberto Martínez Simón solicitó autorización al pleno para que la jueza tenga la opción de comparecer por medios telemáticos, teniendo en cuenta que reside en Pedro Juan Caballero.
En el caso, la Fiscalía imputó a funcionarios del Consejo de la Magistratura, a más de varios postulantes a cargos de jueces, fiscales y defensores, que habrían presentado documentos falsos para que pudiera elevar su puntaje en los concursos.
El caso recayó ante el Juzgado de Garantías a cargo del magistrado Miguel Palacios, quien deberá admitir la imputación y, en el caso de su colega magistrada, pedir el desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Informe sobre doctorados
Durante la sesión del pleno, el ministro César Garay propuso que la Corte Suprema remita una nota al Consejo de la Magistratura para que ese organismo especifique de qué universidades, instituciones o países obtuvieron sus doctorados los integrantes de las ternas remitidas.
Esto, según dijo, teniendo en cuenta el “álgido” contexto en torno a la legalidad y veracidad de títulos de Derecho.
El ministro, que integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, manifestó su preocupación para que la Corte Suprema no sea “sorprendida” en su buena fe. Mencionó que en el Jurado ya fueron víctimas de invocación de grados académicos inexistentes.
Asimismo, Garay aseguró que es necesario preguntarse cómo un juez en actividad en el interior del país puede cursar un doctorado, teniendo en cuenta la exigencia.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, contestó que verían eso con el Consejo de la Magistratura.
Hablan de la auditoría
Por otro lado, en la sesión, el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, brindó un informe parcial sobre la intervención a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial.
En su informe, refirió que tienen un avance del 70% de las labores establecidas tras las debilidades detectadas en la auditoría que realizan.
Además, el interventor explicó que tomaron ciertas medidas hasta la fecha en los dos primeros meses, como la implementación de nuevos formularios para la entrega y retiro de nuevas actuaciones, así como para otras cuyas formas no estaban definidas.
También se hizo una redistribución operativa de todos los funcionarios, ya que hallaron que una sola persona realizaba el control de las etapas de verificación de expedientes.
Finalmente, explicó que se implementó un nuevo sistema informático desarrollado por la Dirección de TIC para tener una mejor trazabilidad del expediente desde su ingreso.
