Los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes aclararon en conferencia de prensa que nunca se dispuso la notificación al presidente del Congreso, Blas Llano, sobre la resolución de diciembre del 2009, que disponía la reposición en el cargo del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos. En ese sentido, afirmaron que el documento no tiene validez.
Según informó el periodista Raúl Ramírez, incluso anunciaron que dispusieron la apertura de un sumario administrativo contra el ujier de la Sala Constitucional, Gustavo Daniel Saucedo Sánchez que envió la nota al titular del Congreso, Blas Llano.
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El documento causó una polémica, debido a que se entendió como una orden al Senado para que reponga a Ríos como ministro de la Corte, así como el pago de los salarios caídos, tras su destitución en el 2003.
Los altos magistrados explicaron que no ordenaron la reposición, debido a que el pleno de la Corte había dejado sin efecto la resolución en enero del 2010.
El propio Ramírez Candia había manifestado antes de la conferencia de prensa que él y otros camaristas decidieron que las costas de juicio sean impuestos en el orden causado, lo que implica que las partes corran con los gastos del juicio. En este caso son Ríos y la Fiscalía General.
Ramírez Candia rechazó en setiembre del 2019 un pedido de aclaratoria que hizo la Fiscalía General del Estado en la época de Rubén Candia Amarilla. Para la defensa, quedó vigente el fallo a favor de la inconstitucionalidad presentada en diciembre del 2009, a pesar de que la Corte había dejado sin efecto esa misma resolución en enero del 2010.
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Por el caso, Paraguay será juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que el Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, que también fue destituido por juicio político, sean repuestos en sus cargos y se les pague los salarios caídos como solución amistosa.
Sin embargo, Paraguay no aceptó las condiciones por lo que la causa se elevó al organismo de DDHH.
Ambigüedad podría generar un “caos jurídico”
El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, y el colorado Enrique Bacchetta se reunieron este lunes con las autoridades del Poder Judicial. El objetivo era interiorizarse sobre la notificación recibida por la institución legislativa en torno al caso Bonifacio Ríos Ávalos.
Para los legisladores era crucial que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto para despejar todas las dudas porque el “documento ambiguo” podría haber generado un caso jurídico y además poner en dudas el sistema judicial del país.
“Nosotros queríamos saber cuál de las resoluciones era la vigente, la del 2009 o la del 2010”, expresó en conferencia de prensa el titular de la Cámara Alta.
También se mostraron preocupados porque “esta confusión” también podría beneficiar al ex ministro en su demanda contra el Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
