Las designaciones de los Estados Unidos sobre casos de corrupción en la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) vinieron nada más que a confirmar la presencia del dinero del crimen organizado en la política paraguaya. Las designaciones de “significativamente corruptos” a un ex presidente de la República y al actual vicepresidente de la República, además de otras personas, son acusaciones de gran impacto que, sin embargo, no sorprendieron del todo a la ciudadanía.
Mientras la población debe resolver en la medida de sus posibilidades la actual crisis económica, con una inflación que se devora los ingresos familiares, los cuales lejos están ya de poder asegurar el bienestar; y mientras aumentan los casos de robos en la vía pública y los atracos que afectan al sector trabajador particularmente, la clase política sigue concentrada solamente en concertar chapas presidenciales, asistir a actos proselitistas para repartir promesas y hacer planes para las próximas internas de diciembre. Tenemos una clase política que no se ha detenido a pensar ni un solo momento en la percepción ciudadana del momento político que estamos viviendo.
Ya los datos del Barómetro de las Américas 2021 mostraban una preocupante radiografía sociopolítica. Si decimos que la corrupción en Paraguay es preocupante, deberíamos considerar que 10% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país y este es uno de los porcentajes más altos en América Latina. Otro dato esclarecedor señalaba que solamente el 20% de la ciudadanía cree que la Fiscalía investiga los hechos de corrupción y solo el 24% confía que el sistema judicial castigará a los corruptos. Ese es el nivel de confianza en el sistema.
Las declaraciones hechas por los Estados Unidos fueron celebradas y condenadas por uno y otro sector colorado, y, al mismo tiempo, generaron cierto nivel de euforia ciudadana una vez superados el estupor y la profunda vergüenza. Porque la ciudadanía ha entendido bien que, debido a la debilidad e inutilidad de nuestras instituciones, pero también porque las mismas están seriamente comprometidas, hay pocas posibilidades de que se obtenga algo de justicia, como tampoco se confía en que serán investigados apropiadamente quienes viven del dinero sucio, y todos aquellos que abrieron las puertas de la política paraguaya al crimen organizado y al narcotráfico.
El momento político es de gran incertidumbre. Los paraguayos deberán pensar en elecciones que les ofrecerán un menú de candidatos no muy diverso. Por el lado colorado, se tienen significativamente corruptos; y del sector de la oposición se tendrán duplas conservadoras y fuerzas atomizadas.
Los políticos no recuerdan informes como el de la organización Americas Society/Council of the Americas, que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El último fue bastante lapidario al señalar que Paraguay es un país que demuestra poca capacidad para luchar contra la corrupción, porque no funcionan el sistema legal de justicia ni las instituciones políticas. Y otro informe afirmaba que nuestro país se convirtió en los últimos años en la nueva ruta privilegiada del narcotráfico, y esto gracias a la colaboración de las autoridades, debido a la complacencia de los estamentos policiales, judiciales, políticos y militares que nos trajeron a este presente nefasto y peligroso.
La misma corrupción que ha creado carreras políticas y que regala impunidad al crimen organizado que ha tomado por asalto nuestras instituciones también mata a inocentes ciudadanos y perpetúa y extiende la pobreza, y básicamente les roba un futuro de bienestar a todos los paraguayos.