26 oct 2026

Docente recibirá más de G. 800 millones tras ir presa por error: “Pasé mucho dolor”

El Estado paraguayo deberá abonar la suma de G. 853.112.437 a una docente que estuvo tres años en prisión procesada por el supuesto asesinato de su hijo recién nacido. Un tribunal la declaró inocente.

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Clementina Ruiz Díaz fue llevada a la cárcel del Buen Pastor donde permaneció por 2 años y 9 meses.

Foto: Archivo ÚH.

En el año 2013, el fiscal Darío Villagra imputó a la docente Clementina Ruiz Díaz por homicidio doloso tras ser acusada de haber matado a su hijo recién nacido y desde entonces pasó por un calvario que la llevó a estar en prisión por casi tres años.

“Yo tuve a mi hijo por cesárea, volví en bus y no sé qué pasó, pero mientras yo le amamantaba, falleció. El acta que yo leí fue que un padre denunció que yo vendí a mi hijo. Ya después me acusaron por eso (homicidio doloso), ni siquiera me dieron medidas alternativas a la prisión”, relató la mujer en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Clementina reveló que se trataba de su tercer hijo y que toda su familia estaba esperando con ansias su nacimiento. Tras la muerte en extrañas circunstancias del niño, la mujer decidió enterrarlo en el patio de su casa y tras una denuncia pasó tres años tras las rejas.

“Pasé mucho dolor, que me hayan separado de mis hijos fue muy doloroso”, relató sobre sus días en prisión.

Nota vinculada: Otra condena al Estado por error judicial en perjuicio de docente

Sepa más: Condenan al Estado a indemnizar a peluquero que estuvo preso más de 22 meses sin motivo

Sobre la decisión de enterrar el cuerpo en el patio, la docente explicó que fue una medida tomada por sus familiares.

“No estaba en condiciones de tomar decisiones y mi familia lo hizo. Mi mamá es una persona humilde que no maneja las leyes, por decirles. Entonces lo enterraron en mi casa”, agregó.

La mujer afirmó que la Fiscalía no tenía ningún elemento para probar su responsabilidad en el hecho y que la investigación se basó en rumores.

El caso de la docente es el segundo fallo que condena al Estado por error judicial, en menos de una semana.

El fallo fue dividido en el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala, integrado por los camaristas Juan Carlos Paredes, Arnaldo Martínez Rossano y Antonia López de Gómez.

Estos ratificaron la sentencia dictada por el juez civil Diego Alejandro Torres Sandoval, quien condenó al Estado a abonar la suma de G. 853.112.437, más un interés del 2,3% mensual desde el inicio de la demanda. Estos intereses, a la fecha, suman unos G. 1.844.711.084.

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