El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, firmó la convocatoria para la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Los opositores fueron los que la solicitaron para tratar el proyecto que deroga la resolución por la que Kattya González fue expulsada.
La parlamentaria por el Partido Encuentro Nacional (PEN) fue despojada de su banca en una maniobra cartista por el cual pisotearon el propio reglamento interno del Senado para remover a “una de sus voces más críticas”
Fue durante una sesión extraordinaria realizada el pasado 14 de febrero, donde 23 senadores colorados y satélites votaron por su destitución.
En el libelo acusatorio, impulsado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, le atribuyeron el uso indebido de influencias en los casos de Soledad Blanco, José Luis Torales y César Portillo.
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Los senadores de Honor Colorado se valieron del artículo 201 de la Constitución Nacional que menciona que los parlamentarios perderán sus investiduras en casos de comprobarse fehaciente el uso indebido de influencias; no obstante, sobre la senadora destituida no pesa ninguna investigación ni fue denunciada ante el Ministerio Público, como en el caso de los cartistas Erico Galeano o Hernán Rivas.
Días después, el propio presidente del Congreso Nacional admitió que ex parlamentario Juan Carlos Calé Galaverna fue quien impulsó la expulsión de González.
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Pese a no estar sujetos a mandatos imperativos, el oficialismo votó en consecuencia a la decisión que se tomó dentro del comando del movimiento Honor Colorado.
Varios sectores de la sociedad se pronunciaron a favor de González y repudiaron el actuar autoritario de un sector político para expulsar a una senadora que obtuvo 100.000 votos en las últimas elecciones generales.
También se pronunciaron a favor de la democracia los embajadores europeos y de Estados Unidos, que para los oficialistas se trata de una intromisión en los asuntos internos del país.
González presentó una acción de inconstitucionalidad para recuperar su banca en la Cámara de Senadores, cuya resolución está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
