El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, expresó a Monumental 1080 AM que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el acceso a los registros públicos y de automotores de los funcionarios del Estado, con el objetivo de poder hacer un cruce de datos en menor tiempo, “como espera la ciudadanía”.
Lea más: Diputados con antecedentes, a favor de falsear las declaraciones juradas
En ese sentido, dijo que históricamente la CGR tuvo una deficiencia en los exámenes de correspondencia, ya que se realizaban de entre 13 y 14 nada más y que desde que asumió, hace un año, aumentaron a 1.200.
Asimismo, indicó que desde el lunes se publicarán las declaraciones juradas y que en muchos casos no se puede saber si el funcionario mintió, ya que se debe hacer un cruce de datos y las instituciones tardan en proveer la información alrededor de siete meses.
1Así también, remarcó que si se tiene acceso a dicha información se podría culminar en cinco días una auditoría, además de mencionar la necesidad de tener un mejor sistema en el marco de las publicaciones de las declaraciones juradas, ya que puede que colapse el actual.
Sobre el punto, contó que para el control de los recursos del Fonacide se realizó un convenio con las binacionales para la automatización de los datos, ya que la CGR no cuenta con los recursos para implementarlos.
Entérese más: Preocupan a CGR los intentos de zafar de declaración de bienes
La Corte resolvió la semana pasada rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría para la publicación de las declaraciones, por lo que quedó firme la orden de Segunda Instancia, que otorga un plazo de 70 días para la publicación de datos de los últimos 20 años.
Finalmente, refirió que el monto que solicitaron a Itaipú para la provisión de un sistema data center es de menos de USD 2 millones, “que no es nada al lado de la relevancia que va a tener”.
Entérese más: Cámara de Comercio y UGP cuestionan a los diputados
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto en contra de la publicidad de las declaraciones juradas y, aún peor, la despenalización del falseamiento de dichos datos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó su rechazo.
