Uno de ellos es el cartista Tomás Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
El caso de Rivas saltó a la luz gracias a una investigación de Última Hora, en 2017, que reveló que el parlamentario hacía figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados particulares suyos.
Otro es el también cartista Avelino Dávalos, denunciado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Caazapá (2013-2018) y un perjuicio de G. 200.000 millones para el patrimonio del Estado. Pese a la gravedad de los hechos e incluso la existencia de un informe de la Contraloría que asevera las denuncias, la Fiscalía no avanzó en el caso y ni siquiera formuló imputación.
También están en la lista Justo Zacarías y su esposa Rocío Abed. Ambos están en la mira por supuesto enriquecimiento ilícito, pues existe un pedido de reapertura de investigación por estos hechos, y en caso de divulgarse sus declaraciones juradas podrían constatarse irregularidades.
Igualmente, está siendo investigada la oficialista Marlene Ocampos, por supuestos hechos de corrupción durante su gestión como gobernadora de Alto Paraguay (2014-2015). La denuncia en su contra apunta a un supuesto faltante de dinero, sin respaldo documental, de aproximadamente G. 1.000 millones.
Más. Otro que votó por la sanción de la norma, que sería vetada por el presidente Mario Abdo, fue el diputado Roberto González (quien es del equipo político del mandatario). Este legislador cuenta con varios antecedentes de irregularidades en la función pública, de los cuales salió ileso. En el 2003, fue señalado por haber presionado para liberar un container de cedés de un prófugo de la Justicia, cuando era ministro del Interior. En el 2009 fue imputado por el hecho punible de producción de documentos no auténticos por utilizar guías falsas de traslado de animales para obtener créditos del Fondo Ganadero, pero la investigación no prosperó.
En la misma situación está Carlos Núñez Salinas, favorecido por resolución de la Corte Suprema de Justicia y sobreseído en la causa que tenía por supuesto contrabando y producción de documentos no auténticos. El legislador cartista fue procesado en el año 2013. Según la acusación, la empresa Intercom Ingeniería SA, de Núñez Salinas, había declarado la importación de 111 ruteadores por la suma de USD 17.600, pero luego se detectó que se trataba de decodificadores de televisión valorados en USD 1.026.000.
También el liberal Carlos Portillo aparece en la lista, aunque este afirma que votó en contra de la propuesta aprobada por la Cámara Baja. El parlamentario fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, una causal de pérdida de investidura. La fiscalía lo acusó por el caso de audios filtrados que lo involucran en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná.
Además, votaron por la cuestionada iniciativa el liberal Édgar Ortiz y la colorada Del Pilar Medina. Ambos están imputados por causas relacionadas al incumplimiento de la cuarentena sanitaria y fueron desaforados por estas denuncias.
