Política

Preocupan a CGR los intentos de zafar de declaración de bienes

 

En menos de un año, la Contraloría General de la República (CGR) debió emitir un total de tres dictámenes con referencia a las modificaciones a la reglamentación del artículo 104 de la Constitución Nacional, que aborda las declaraciones juradas de bienes, debido a los cambios planteados constantemente en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Los dictámenes se emitieron a solicitud del Poder Ejecutivo a partir de las modificaciones legislativas realizadas en el Congreso, las cuales muestran claramente que la mayoría de los legisladores buscan insistentemente desmarcarse de la presentación de la declaración jurada, que, por precepto constitucional, están obligados a presentar.

El último dictamen emitido por la CGR se refiere al proyecto sancionado recientemente por la Cámara de Diputados, donde el ente contralor solicitó el veto del Ejecutivo.

Antecedentes. En agosto del año pasado, el ente a cargo de Camilo Benítez Aldana, calificó de inconstitucional un proyecto de ley en el que se incluían sujetos obligados ajenos a lo dispuesto en el citado artículo constitucional, es decir, las empresas que contratan con el Estado.

Ante la intención del Ejecutivo de suspender la disposición, la CGR sugirió aprobar un nuevo texto legislativo que favorezca la transparencia y establezca incluir a los asesores ad honorem como los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de bienes, atendiendo la utilización ilegítima para beneficios particulares de la información privilegiada a la que tiene acceso en virtud del cargo.

despenalización. El último dictamen de la Contraloría, respecto al proyecto de ley sancionado en Diputados que despenaliza el falseamiento de datos, señala con preocupación los puntos polémicos del texto y solicita que el Ejecutivo aplique su derecho constitucional del veto.

“De promulgarse la Ley Nº 6558/2020, la documentación obrante en la institución, en los términos y condiciones definidos por la Constitución Nacional y las leyes de orden público aplicables, deba finalmente considerarse como meramente informativa y sin consecuencia jurídica alguna, acerca de la veracidad de su contenido”, dice parte del dictamen.

La posición de la Contraloría es que dicha ley volvería inocua toda legislación y orientación en pos del efectivo control y fiscalización de los bienes de los servidores públicos, según reza el dictamen.

Indica que si se promulga dicha ley, no contribuirá a la transparencia pregonada por la Contraloría, que tampoco sería de utilidad para los fines institucionales, ni resultaría efectiva para dar cumplimiento a la propia Constitución Nacional.

veto. La CGR se suma así a los grupos ciudadanos que están solicitando al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que vete totalmente el citado proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja la semana pasada.

El citado proyecto de ley tuvo su origen en la Cámara de Senadores, el cual tenía un texto totalmente diferente que apostaba por la transparencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios públicos.

Sin embargo, los diputados modificaron el texto y utilizaron su mayoría para ratificarse con votos colorados y liberales, algunos de ellos hoy “arrepentidos” tras las protestas. Los números señalan que en el Senado hay los votos suficientes para aceptar el veto del Ejecutivo.


Hay preocupación en la Contraloría General de la República respecto a las continuas modificaciones que realizan los legisladores para desmarcarse de sus declaraciones juradas de bienes.

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