El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, comunicó al titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero Roa, del inicio de una auditoría financiera al ente regulador de las cooperativas del país.
Según indica el documento, la coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos estarán a cargo de la Titular de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada.
Asimismo, se comunica que el equipo auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, de manera a analizar la razonabilidad de los estados financieros.
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En febrero de este año, socios de la Cooperativa Poravoty solicitaron la participación de la CGR en la intervención de la mutual y la auditoria de las fiscalizaciones realizadas.
“Solicitamos la auditoría de las fiscalizaciones que ha sufrido la Cooperativa Poravoty Ltda. a lo largo de su existencia hasta la fecha, como también el actual trabajo de intervención que están llevando a cabo los fiscalizadores del Incoop”, solicitaba el documento.
También se solicitó la auditoría de las declaraciones juradas de bienes de Pedro Loblein, ex Presidente del Incoop, debido a que tuvo directa participación en varios trámites administrativos y financieros de la cooperativa Poravoty, al igual que los cargos y puestos de confianza en la cooperativa.
Socios de Poravoty realizaron varias manifestaciones anteriormente para exigir la renuncia de Romero Roa. También solicitaron la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectarse un déficit de casi G. 274.235 millones (USD 37 millones al cambio de G. 7.330).
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Los socios cuestionan que la entidad rectora del sector cooperativo no detecta la mala administración de las cooperativas, así como la falta de transparencia en su gestión y la falta de rendición de cuentas.
También reclaman a Romero que, durante la intervención de la Cooperativa Poravoty, se haya priorizado el pago a acreedores y no la devolución de ahorros para socios con problemas de salud.