Además, hasta ahora ningún agente fiscal notó la aglomeración del festejo del 133 aniversario del Partido Colorado en la Junta de Gobierno el pasado 11 de setiembre, pero el fiscal Ángel Ramírez acusó a María Esther Roa, Juan Galeano Grassi, Cándido Brizuela y Diego Mendoza por violación de la cuarentena y pidió que el caso sea elevado a juicio oral, cuando en la mayoría de los casos similares se pide un proceso abreviado. Los procesados habían participado de la Caravana Contra la Corrupción del pasado 3 de junio, que terminó en una manifestación frente al Panteón de los Héroes.
Igualmente, el abogado y docente Jorge Rolón Luna hizo notar que actualmente “desde diversos sectores se impugna la labor del Ministerio Público, y especialmente la grosera selectividad”. “El grave problema de la corrupción en Paraguay, especialmente, es la impunidad estructural que existe, y en esa impunidad estructural que existe el Ministerio Público tiene mucha responsabilidad”, había afirmado hace unos días, agregando que no solamente un experto se da cuenta de la selectividad fiscal, por ejemplo, cuando el Ministerio Público apaña las graves acusaciones de tortura en un procedimiento de la Marina en el Este, o cuando actúa como un brazo represivo de instituciones como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) o la Policía.
En el mismo sentido se expresó el ex senador y analista político Hugo Estigarribia, quien lamentó que Sandra Quiñónez actúe parcialmente en la persecución de causas penales. “La Fiscalía volvió a ser un garrote de los políticos con influencias (...). Es más que obvia la selectividad, en el nulo avance de procesos o investigaciones contra cercanos a poderosos allegados a ella, y la investigación rápida y hasta sospechosamente interesada contra los adversarios”, alertó Estigarribia.
El ex legislador criticó por ejemplo el nulo avance del caso Metrobús, cuando ya pasaron más de dos años de haberse hecho la denuncia por lesión de confianza contra el ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona. Según Hermann Pankow, denunciante del caso, el Ministerio Público achicó y congeló la investigación del caso, ya que la causa nunca se derivó a la Fiscalía de Delitos Económicos.
Otro cuestionamiento es que no haya imputaciones vinculadas al caso de Darío Messer y sus vínculos en Paraguay por lavado de dinero, mientras que en Brasil el considerado “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes ya fue condenado por lavado de dinero, en el caso Lava Jato. Cuando se trata de allegados a Cartes, las cosas son más permisivas. Por ejemplo, este mes la fiscala Stella Marys Cano requirió el criterio de oportunidad para el esposo de Sol Cartes (hija del ex mandatario), Patrick Bendlin, y la wedding planner Jessica Miralles, en el marco de las investigaciones de la presunta violación de la cuarentena sanitaria en la celebración del matrimonio Bendlin-Cartes, en plena vigencia de restricciones sanitarias.
