La falsa dicotomía entre proteger nuestra riqueza natural e impulsar el progreso sigue dominando el debate nacional, empantanando decisiones urgentes. Sin embargo, es hora de madurar como país y aceptar una realidad innegable: Sin energía no hay desarrollo. Hoy nos enfrentamos a un evidente cuello de botella. Los recursos del Estado son limitados, la demanda eléctrica crece a pasos agigantados y el capital para nuevas fuentes de generación es escaso. Paraguay no puede ser su propio freno frente al desarrollo, especialmente en un contexto que exige el aprovechamiento racional de sus recursos naturales.
En este escenario de urgencia energética es donde la eventual certificación de reservas de gas natural en el suelo chaqueño cobra una relevancia estratégica crucial. El gas podría convertirse en el puente de transición que Paraguay necesita para asegurar su estabilidad energética y financiar su salto hacia la industrialización. Afortunadamente, las tecnologías actuales permiten que los proyectos energéticos y extractivos generen un impacto ambiental mínimo, dejando atrás las prácticas destructivas del siglo pasado. La coexistencia entre el progreso y la ecología no es una utopía; es una cuestión de rigor técnico y de inversión adecuada.
Según el Plan Maestro de la ANDE, para atender la demanda eléctrica de los próximos 10 años, el país requiere una inversión monumental estimada en USD 20.000 millones (desglosados en USD 15.000 millones para generación, USD 3.300 millones en transmisión y USD 1.700 millones en distribución). Frente a este panorama, lograr certificar el gas chaqueño representaría una excelente noticia en un clima marcado por la constante amenaza de una crisis energética.
Recientemente, durante un foro energético, Giuliano Franco, CEO de Zeus Energy e ingeniero eléctrico especializado en la economía del petróleo y el gas natural, presentó la radiografía técnica y las cifras reales que respaldan el inmenso potencial gasífero del subsuelo chaqueño. Según detalló, las prospecciones en la cuenca de Carandayty ratifican un potencial estimado en 70 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural. Para dimensionar este volumen a nivel regional, el especialista explicó que equivale a la totalidad de las reservas probadas de Perú. Además, representa una cantidad siete veces superior a toda la producción histórica de Bolivia y corresponde al 10% de los descubrimientos totales de Argentina, que rondan los 800 TCF. Para certificar estas reservas, lógicamente, se requerirán millonarias inversiones en nuevas perforaciones. El ambicioso gasoducto bioceánico podría ser la clave para garantizar inversiones y colocar al país como un actor clave del futuro energético de la región.
No obstante, esta oportunidad histórica conlleva una condición innegociable. La eventual intervención en los Médanos del Chaco y la búsqueda de gas no pueden otorgarse como un cheque en blanco. Todo el proceso debe estar bajo el estricto control ciudadano, garantizando el respeto absoluto a los derechos de los pobladores y el cumplimiento irrestricto de las medidas ambientales. El Estado debe abandonar su histórico rol de espectador complaciente y ejercer una fiscalización real; de lo contrario, la promesa del gas terminará siendo una catástrofe ecológica o un negocio para unos pocos que nada aportará a la región.
Me niego a creer que los pobladores de la zona occidental se opongan ciegamente al progreso. Ningún habitante del Chaco rechazaría la llegada de infraestructura óptima, rutas transitables todo el año, hospitales equipados y empleos de calidad, siempre y cuando, exista un verdadero respeto por su ecosistema y se actúe con absoluta transparencia desde el principio. La resistencia ciudadana nunca es contra el desarrollo, sino contra la depredación impune. Muchas veces, esta oposición surge simplemente del desconocimiento o del temor a lo incierto.
Esa misma seriedad y rigurosidad que exigimos para la explotación del gas debe aplicarse al modelo de gestión que se avecina. La incorporación del sector privado a la generación de energía debe realizarse con profundo patriotismo y estricto apego a la legalidad. Es innegable que esta apertura es vital frente a las acuciantes necesidades de inversión que asfixian al sistema y que el Estado no puede cubrir por sí solo. Sin embargo, la participación privada no debe traducirse, bajo ninguna circunstancia, en el descuido o debilitamiento de instituciones claves como la ANDE. Fortalecer nuestro sistema eléctrico y proteger nuestro territorio son dos caras de la misma soberanía.
