Los recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de un diagnóstico para la política educativa constituye un insumo para la política económica y, particularmente, para la política fiscal. Sin inversión de calidad en educación el bono demográfico desaparecerá sin que el país haya aprovechado su potencial.
Si bien el informe PISA 2025 cuantifica lo que la percepción y evaluaciones anteriores nos mostraban, este nuevo relevamiento agrega algo más: El deterioro de los ya reducidos niveles de aprendizaje en ciencias, lectura y Matemáticas.
Los datos ubican al país muy por debajo del promedio de la OCDE y rezagado frente a la mayoría de los países de la región. Solo Guatemala está peor que nosotros. Las cifras revelan que la mayoría de los estudiantes no alcanzan las competencias básicas en matemáticas, comprensión lectora y el pensamiento científico.
El sistema escolar está graduando con restricciones severas para el pensamiento crítico, la continuidad de los estudios y la empleabilidad. Estos jóvenes carecen de la capacidad para procesar datos, aplicar lógica o comprender instrucciones técnicas, habilidades que constituyen el piso mínimo de participación en una economía globalizada.
Sin embargo, limitar el análisis de la crisis del capital humano exclusivamente a la juventud escolarizada es solo una parte del problema. La fuerza laboral adulta que ya ha abandonado el sistema educativo formal fue formada en condiciones similares. La política educativa debe contar con instrumentos para este grupo de la población cuyos empleos necesitan ser de mayor calidad, dados los altos niveles de informalidad y bajos ingresos.
El bajo rendimiento académico se traduce en obsolescencia laboral. La automatización, la robotización y la inteligencia artificial están reconfigurando el mercado laboral a una velocidad nunca antes vista.
Como ejemplo, el auge de las plataformas digitales introdujo una nueva dinámica en el mercado laboral. Si bien el trabajo en aplicaciones de movilidad o reparto ofrece ingresos inmediatos y flexibilidad, en realidad significa el inicio de una trayectoria laboral que se eternizará en la informalidad y precariedad.
Hace más de una década cuando este fenómeno tomó fuerza se asumía como una oportunidad. Sin embargo, gracias a la evidencia empírica, hoy sabemos que la economía de plataformas constituye un refugio de baja productividad, caracterizado por la inestabilidad de los ingresos, la nula protección social y la imposibilidad de acumular capital humano a largo plazo.
Paraguay está buscando atraer inversión extranjera directa. Mientras no cuente con una fuerza de trabajo altamente capacitada, solo recibiremos inversiones que buscan extraer recursos naturales o energía barata y no generar empleos formales que contribuyan a la calidad de vida y autonomía económica.
La educación y la capacitación son inversiones que deben ser parte central de la política económica. Paraguay continúa invirtiendo menos que todos los países de la lista, lo cual explica los resultados adversos. En materia educativa no hay secretos. El esfuerzo fiscal que realizan los gobiernos tienen importantes retornos positivos en la sostenibilidad del crecimiento económico, del sistema tributario y de la seguridad social por lo que claramente los fondos públicos destinados a educación deben ser considerados una inversión y no un gasto.
Si el país no logra aumentar las capacidades educativas y laborales de las personas adultas y transformar radicalmente el sistema educativo para la niñez y juventud jóvenes, el cierre de la ventana demográfica llegará sin que hayas resuelto problemas esenciales como la productividad, la calidad del empleo y el aumento de los ingreso laborales.
La transición hacia una economía del conocimiento, resiliente y productiva, es el único camino viable para asegurar que Paraguay alcance el desarrollo antes de que el tiempo se agote.
