21 feb. 2024

Congreso sanciona procedimiento abreviado incluso para casos graves

El Congreso Nacional sancionó las modificaciones al Código Penal sobre los procedimientos abreviados. Homicidas e incluso abusadores podrían ser beneficiados, según alertó la diputada Rocío Vallejo.

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El Congreso aprobó aplicar el procedimiento abreviado incluso para hechos graves y expectativa de hasta 12 años de cárcel.

La diputada, abogada penalista y ex fiscala Rocío Vallejo pidió el rechazo del proyecto de ley que consiste en la modificación de los artículos 420 y 421 del Código Procesal Penal, con relación al procedimiento abreviado.

En ese sentido, explicó que el proyecto propone que hasta la audiencia preliminar se podrá proponer el proceso abreviado cuando se trate de un hecho punible, cuya expectativa de pena privativa de libertad no supere los 12 años de privación de libertad o multa.

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La diputada dijo que es importante explicar el alcance, ya que habla de expectativa de pena, es decir, lo que se espera aplicar por ese hecho punible, y que incluso un caso de homicidio, aunque tenga un marco legal de cinco a 20 años, puede tener una expectativa de pena de 12 años, como también los casos de abuso de menores sin coito, cuyas penas van de cuatro a 15 años.

“En el proceso abreviado, es un pacto entre el Ministerio Público y la Defensa, sin que se someta al grado de análisis de reproche del autor que se da de manera amplia en los casos graves”, remarcó.

Asimismo, mencionó que el argumento del proyecto es que se va a descongestionar el sistema judicial. La norma también establece que en el requerimiento se podrá solicitar hasta las 3/4 partes de la pena.

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Menos años de condena

La diputada Rocío Vallejo puso como ejemplo que en un caso de robo con expectativa de 10 años en juicio oral, el abreviado sería cinco años y otra vez se le aplicaría un descuento, con lo que se terminaría en lo mismo y sin un control real.

“Este procedimiento abreviado se puede aplicar a todos los delitos graves, incluso a los de cuello blanco, sin ningún tipo de análisis, violando también el principio de la inocencia, que dice que en todos los casos el imputado deberá realizar ante el juez un relato circunstanciado y completo de su participación”, cuestionó.

La legisladora advirtió que el imputado deberá confesar el hecho y que eso viola el principio constitucional de la presunción de inocencia. “Por esta norma se le está obligando al imputado a declarar sí o sí y sobre lo que él se declara va a investigar el Ministerio Público”, aseveró.

Sobre el sistema actual, dijo que el procedimiento abreviado es aplicado hasta una expectativa de cinco años y que rige el principio de prevención especial, donde se le quiere recuperar a la persona.

“Con esto se abre para aplicar el principio abreviado sin ningún tipo de análisis serio. Si hacemos un análisis de varios casos del Ministerio Público en los procedimientos abreviados ni siquiera existe un relato y mucho menos penas y podría ser aplicado de manera extorsiva”, reveló la fiscala.

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No obstante, dijo que es importante establecer mecanismos para agilizar las causas y buscar otras soluciones, pero no violando principios constitucionales.

¿Reducir los casos en estrados judiciales?

El diputado Eusebio Alvarenga se manifestó en la misma línea de reflexión y sostuvo que corresponde el rechazo.

Alvarenga dijo que la pretensión de descongestionar es una falacia y que los casos en los estrados judiciales no van a aminorar en cantidad, porque de igual manera el procedimiento tendrá que pasar por un juzgado.

“En este momento la salida procesal del proceso abreviado se está utilizando para delitos cuyas penas y expectativas son ínfimas. Si se modifica para casos complicados y complejos, podrían ser sometidos a este procedimiento crímenes aborrecibles, sin ningún debate en un juicio oral y un tribunal colegiado que define el cúmulo de pruebas y una serie de principios que forman parte del sistema penal y procesal penal vigentes”, adelantó.

El diputado Édgar Ortiz dijo que se busca “alivianar las cárceles”, donde el 75% de las personas están sin condena.

“Por qué queremos ser muy duros con gente con penas leves. La cárcel está llena de gente que no está condenada”, manifestó.

El diputado Derlis Maidana pidió la aprobación del Senado, en razón de que más del 75% de las personas en las cárceles no tienen condena.

“Esto va a ser una herramienta que va a lograr descomprimir los procesos penales, disminuir la mora judicial y evitar las extinciones de procesos por duración máxima de los mismos, generando en la ciudadanía la sensación de impunidad y se amplía para determinados crímenes y deben estar de acuerdo el juez, el fiscal y la víctima”, defendió el proyecto.

“También están los derechos humanos a garantizarles a estas personas, teniendo en cuenta que lo que quiere la Constitución Nacional es la readaptación de estas personas, que asuman su responsabilidad y cuenten con el aval del juez, del fiscal, de la víctima y del abogado defensor”, aseguró.

“Se podría aplicar a todos los casos de corrupción”

La diputada Rocío Vallejo aclaró que el proyecto se aplica a todos los hechos de corrupción y que la expectativa de pena es lo que espera el fiscal del caso; incluso cuando el marco penal es de 30 años, se puede tener una expectativa de hasta 12 años.

“Todos los casos de corrupción se van a arreglar por procedimiento abreviado y sobre eso se va a pedir otra vez el descuento de las 3/4 partes”, criticó la fiscala Vallejo.

Pese a las posiciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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