Los magistrados de Sentencia, Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz impugnaron las inhibiciones de sus colegas Fabián Weisensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas, en el caso del ex director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, por supuesta violencia familiar. Con ello, ahora, el Tribunal de Apelación Penal definirá qué magistrados juzgarán al acusado.
En el caso, la jueza Sonia Villalba había sido sorteada, pero la misma se inhibe, ya que es hermana del acusado Juan Villalba. Después, el caso pasó al juez Fabián Weisensee, que se apartó del caso porque forma parte del tribunal de Sentencia que conforma la hermana del procesado.
Luego, el expediente pasó a la jueza Laura Ocampos, quien se apartó de la causa invocando el artículo 50, incisos 11 y 13 (familiaridad o frecuencia de trato; cualquier motivo que afecte su imparcialidad e independencia). Finalmente, la jueza Cándida Fleitas, se apartó por supuesta falta de independencia y parcialidad.
Tras el sorteo, los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz, sostienen que los jueces no adjuntaron pruebas que respalden los argumentos para no juzgar la causa del ex director de la Policía Municipal de Tránsito.
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Con ello, dicen que al no invocar justa causa, corresponde que la impugnación de los motivos alegados para apartarse de la causa. Además, citan fallos precedentes donde no fueron admitidos este tipo de cuestiones.
Al final, remiten el caso al Tribunal de Apelación Penal, de modo a que el mismo resuelva quiénes serán los jueces que van a resolver el caso.
La causa
El hecho data del 5 de diciembre del 2023, cuando su esposa lo denunció por supuesta agresión. Su detención se produjo dos días después, el 7 de diciembre de ese año, en un edificio de departamentos en Asunción. Luego se le otorgó arresto domiciliario.
Sin embargo, incumplió las disposiciones y fue trasladado al penal de Emboscada. Después, obtuvo medidas alternativas a la prisión por parte de un tribunal de Apelación que consideró que no había peligro de fuga y se contaba con garantías suficientes de su sometimiento al proceso.
El pasado 13 de setiembre, el juez Legal revocó las medidas alternativas dispuestas y ordenó nuevamente su captura, al considerar que la defensa realizó planteamientos dilatorios durante el proceso. Esta medida, finalmente, fue revocada por el Tribunal de Apelación Penal.
Finalmente, el juez de Garantías, Raúl Florentín, elevó el caso a juicio oral en noviembre del año pasado. Esto fue apelado, y el Tribunal de Alzada finalmente ratificó que debe enfrentar juicio oral.
