13 jun. 2025

Condenan a una gestora y a un abogado por suplantar identidad de prófuga por drogas

En un procedimiento abreviado, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz condenó a dos años de cárcel a una gestora y a un abogado, ambos con la suspensión de la ejecución de la condena. Esto, porque la mujer se había hecho pasar por una procesada que estaba prófuga por narcotráfico.

Jueza. Clara Ruiz Díaz Parris es la magistrada del caso.

Jueza. Clara Ruiz Díaz Parris es la magistrada del caso.

Foto: Archivo ÚH.

Deisy Deyanira Reyes Martínez, una gestora independiente, fue condenada en procedimiento abreviado a la pena de 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la condena por el mismo plazo, durante el cual deberá donar G. 2.400.000 a la Fundación Jesuitas, de Asunción.

Por su parte, el abogado Rubén Darío Agüero Galvez, también en procedimiento abreviado, fue condenado a dos años de encierro con la suspensión de la ejecución de la pena. Deberá donar la suma de G. 10 millones para la misma entidad.

Ambos aceptaron los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, uso de documentos no auténticos, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso y abuso de documentos de identidad.

En la preliminar, el fiscal de la causa, Marcelo Saldívar, se ratificó de su acusación, pero ante la propuesta de la defensa de aplicar el procedimiento abreviado, se allanó al pedido.

En el caso, el 24 de junio de 2024, siendo las 13:45 horas, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Dina Marchuk, María Luz Martínez y Federico Rojas, realizó la audiencia de imposición de medidas para la imputada Isaura Sánchez Freitas, en el marco de la causa “Julio Cesar Duarte Servían y otros sobre trafico internacional de drogas y otros”.

En ese momento, la señora Deysi Deyanira Reyes de Domínguez compareció junto con el abogado Andrés Reyes Beyby Vilcen Soto Sánchez, donde manifestó que ella era Isaura Sánchez Freitas, presentando una fotocopia del documento de identidad de aquella, y un escrito con una firma atribuida a la misma por el que otorgaba poder al abogado Soto.

Incluso presentó una factura del Hotel Rosa I expedida a nombre de Damiana Sánchez Freitas, un certificado de condiciones de dominio, entre otros. Según la acusación, el abogado Rubén Darío Agüero le proveyó los documentos de identidad de la prófuga.

Después, en la audiencia, los jueces decretaron su prisión preventiva. Fue en ese momento en que la mujer reconoció ante los jueces que no era la tal Isaura Sánchez, lo que fue confirmado luego en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Fue reclutada por el abogado, según explicó.

En la preliminar, fueron acusados por el Ministerio Público, pero, finalmente, se admitió el pedido de aplicación del procedimiento abreviado, donde los condenaron.

Más contenido de esta sección
La Policía Nacional detuvo a un hombre de nacionalidad argentina tras hallarse en su poder varias dosis de crac, listas para su comercialización en zona de Presidente Hayes.
La imputada y suspendida jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analia Cibils, finalmente, fue citada para la audiencia de imposición de medidas cautelares en una de las causas de la denominada mafia de los pagarés.
A pedido del fiscal Silvio Corbeta fueron sobreseídas provisionalmente tres personas imputadas porque presuntamente hurtaron cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lo que causó un supuesto perjuicio de G. 7.100 millones.
La fiscala Teresilde Fernández solicitó la pena de 2 años de cárcel para el ex intendente de Puerto Casado Hilario Adorno Mazacote por supuestos hechos de administración en provecho propio y lesión de confianza. Sus defensores pidieron la absolución del ex jefe comunal.
La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento del ex titular del MUVH y otras personas más, y, tras una oposición de juez Miguel Palacios, la Fiscalía Adjunta se ratificó en la solicitud. Los miembros del Jurado consideraron como “grave” el actuar.
Se aprobó que los Juzgados queden como depositarios de los pagarés mientras duren los juicios ejecutivos y la acción preparatoria de juicio ejecutivo, para mayor resguardo. El demandante estará obligado a presentar los pagarés originales. El proyecto pasa ahora a Diputados.