La resolución afecta a los procesados María Selva Moreno Estigarribia, con domicilio en Minga Porã, Departamento del Alto Paraná; Sergio Brítez Cristaldo, residente en Cruce Pionero, Departamento de Presidente Hayes, y Teresa Rosana Gómez Martínez, que vive en José Domingo Ocampos, Departamento de Caaguazú.
Todos ellos fueron imputados por la presunta producción de documentos no auténticos en calidad de autores por el fiscal Alcides Corvalán, el pasado 21 de julio, por lo que el magistrado admitió la imputación.
Según dice, los imputados habían presentado ante el Sistema Integrado para la Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (SIGMEC), el título que los acreditaba supuestamente como licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica, atribuyéndolo a la Universidad Autónoma de Asunción.
Sin embargo, según el informe remitido por la citada casa de estudios, ninguno de los procesados registra matrícula, antecedentes académicos, ni registro de egreso alguno de esa institución, además de que no se emitió título alguno a su nombre.
A ello se suma que, al efectuar la verificación de la copia del supuesto título remitido, la institución informó la existencia de inconsistencias en las firmas consignadas y en los sellos institucionales, señalando que aquellos no corresponden a las autoridades registradas ni a los patrones oficiales utilizados por la universidad.
Con estos elementos, el fiscal señala que el documento presentado ante el organismo público no habría sido expedido por la institución a la que se atribuye su autoría, existiendo además elementos objetivos que cuestionan su autenticidad.
“Tales circunstancias, relacionadas con la conducta atribuida a la encausada de haber presentado dicho instrumento ante el SIGMEC, permiten establecer provisionalmente la existencia de elementos de sospecha suficientes respecto de la configuración del hecho punible investigado y de su participación en el mismo”, refiere.
El agente solicitó la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva a los tres encausados.
Tras la audiencia, el juez dispuso la obligación de residir en el domicilio denunciado en autos, comunicar cualquier cambio de su teléfono celular, prohibición de salida del país, más una caución real de G. 100 millones.
