@Raulramirezpy
Diana Vargas, directora de la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés, dice que preparan una denuncia colectiva sobre la otra arista de la este esquema que son la estructura de descuentos a través de bancos que esquilmaron a los funcionarios.
– ¿Cómo están las denuncias de las víctimas de la mafia de los pagarés?
–P or un lado, está lo que tiene que ver con los juicios ejecutivos, o sea, los embargos. Costó mucho localizar esos expedientes. Esto trabajamos con la Defensa Pública. Por eso, se tuvo que promover una ley de saneamiento de juicios ejecutivos que maquilla un poco la realidad. Estaban con embargos activos sin que existan los expedientes. Esta ley, lo que se hizo fue permitir que, cuando existe un informe del Archivo que dice que este expediente no está, en un plazo de 10 días, el Juzgado puede disponer el levantamiento. Antes de esta ley, continuaban los embargos porque los jueces decían no tengo dónde levantar porque no hay expediente. Imagínate lo grave. Seguía el embargo, pero no se podía disponer ese levantamiento. Hoy, tras ese tiempo, hubo muchos levantamientos de embargos y también hay juicios que van a reapareciendo; es decir, recientemente son localizados en los juzgados, sea porque probablemente estaban en poder del demandante o porque, no sé, hay mayor orden. Después está la otra pata que es la que poco se ha abordado y en la que estamos trabajando, que son las operaciones de origen. O sea, estos pagarés no salieron de la nada. Salieron de operaciones, en su mayoría, usurarias, en un esquema muy bien montado del descuento automático, ya sea vía la institución o el banco pagador que es el BNF. Entonces, lo que hicimos en estos meses fue requerir, te diría que más de 6.000 informes, y estamos analizando toda esa documentación de cómo se hacían estas operaciones, como se justificaban, maquillar los créditos usurarios autorizados como venta de electrodomésticos. Esto, para la presentación de denuncias penales colectivas, para cuando tengamos bien procesada la información. Como es tan compleja la trama, tomó mucho tiempo comprender. Entonces, queremos darle lo más digerido posible al Ministerio Público. Por eso te decía, tiene dos aristas; los expedientes porque la respuesta de los juzgados es lenta por el desorden, porque de hecho es la gran carga que tienen. Antes, de algún modo funcionaban y salían las resoluciones porque no se hacían en los juzgados sino eran las empresas que les traían todas hechas. Hoy, en este escenario más real, obviamente los juzgados están sobrepasados. Todavía hay tantas víctimas, muchas esperan que se localicen sus expedientes, reconstituciones, o sea, está siendo lenta la parte civil, pero hay algunos avances. El Poder Judicial debe ponerse a la altura, dimensionar que con esa cantidad de expedientes que tiene cada Juzgado, claramente no es posible que funcione.
–¿Qué piensa de las salidas alternativas a los ex ujieres procesados?
–La Fiscalía decidió que quienes más colaboran tengan este tipo de salidas, pero no podemos obviar quiénes son y de dónde son. Quiénes son por las vinculaciones políticas que tienen, sobre todo uno de ellos, Alfredo Benítez, y la otra joven, más que nada gremial, pero sabemos que lo gremial está muy vinculado con la política partidaria. Así que no es casual creo yo que sean ellos, porque tienen algún peso. De hecho, recientemente, Alfredo Benítez estuvo en el lanzamiento de la campaña del candidato intendente colorado, el oficialismo. Era hasta hace poco presidente de seccional. Ese componente no es menor. Y, por otro, de qué Juzgado, de La Encarnación, que es el que tenía el mayor índice de litigiosidad, o sea, la cantidad que ingresaba por año ahí era 37 veces mayor que cualquier otro juzgado de la capital. O sea, que La Catedral y demás juzgados, tenían 37 veces menos de expedientes que La Encarnación. Y eso no es casualidad. No es que se quería litigar porque esté a más cerca. Evidentemente porque ahí el aparato estaba mucho más aceitado. De hecho probablemente van a aparecer más denuncias ahora que están empezando a localizarse los expedientes. Encontramos un montón de irregularidades que vinculan a estos mismos actores. Así que no crean que esas van a ser las únicas causas penales que van a haber respecto a los operadores del sistema de Justicia. Esperemos que los que realmente colaboraron sean beneficiados. Pero es demasiado llamativo que sean justo de este Juzgado y que sean ellos, pero también entendemos que la labor de la Fiscalía en estos casos no es sencilla. Hasta ahora no se dimensiona la gravedad. Porque esto es un escándalo. Es la utilización del aparato estatal en su conjunto, tanto órganos administrativos como judiciales, al servicio de una estructura criminal para dañar a miles y miles de compatriotas trabajadores que están cuidando de la salud, que están enseñando, imagínate, o sea, enfermeras, docentes, gente con salarios bajos. Personas humilladas, porque hoy podemos decir que todo este esquema montado particularmente para, por lo menos en la capital y en Central, focalizado para seguir esquilmando a este sector, que ya había sido esquilmado previamente con los descuentos y en una fase final ya con estos embargos así, groseros.
–En estas salidas que se dan, el dinero no va para las víctimas.
–Y esa es una discusión. Porque el Código también es claro. Acá tiene que ser con la víctima y reparado el daño. No sé de dónde es esa interpretación de que tiene que ser el daño social y no el daño concreto a la víctima. Es también discutible. De hecho estas víctimas habrá que ver si no se presentan solicitando en la audiencia exponiendo cuál fue el daño concreto cuáles fueron los embargos que sufrieron basadas en estas actuaciones irregulares que hoy están en el ámbito penal. Habrá que ver ahora qué criterio aplica porque hay víctimas concretas. Pero eso no es en abstracto. Vamos a ver. La audiencia de Alfredo Benítez ya está fijada.
–¿Los primeros juicios son por la auditoría de la Corte y las víctimas no están representadas?
–¿Sabes qué ocurre también? Mira, hay un sinnúmero de denuncias que han hecho las víctimas en estos años y, una vez explotado este asunto en distintas unidades, pero, por alguna razón, la Fiscalía únicamente avanzó en aquellos casos donde la Corte hizo auditoría previa. Y en los demás se van enviando a otras unidades y no se quedan en Delitos Económicos. Envían al interior. Muchas veces ni siquiera es el domicilio de la víctima, ni del denunciado, ni de dónde ocurrió el hecho. Como Comisión, en varias ocasiones, se remitieron comunicaciones al fiscal General al respecto, criticando eso, señalando que no hay avances y cuál era el motivo por el que se remiten a otros lugares. Algunas están en San Lorenzo, o en otras ciudades de Central, otro más en el interior. Y en Ciudad del Este hay un montón, pero sin avances. Por lo visto fue un criterio institucional. No sabemos, pero las otras causas realmente no tienen avances. Así que no sé por qué tendría que ser únicamente con auditoría de la Corte como una suerte de filtro.
–Van contra jueces, funcionarios, abogados, pero contra bancos y casas de crédito, no avanzan.
–Claro, están centrados en las actuaciones sobre todo de los funcionarios. De magistrados para abajo y el rol de los otros operadores como los abogados ya como cómplices. Así que es un enfoque que efectivamente le está dando la Fiscalía y que deja fuera a los actores iniciales que son con quienes se hicieron las operaciones, los descuentos y demás. Así que nosotros realmente esperamos que también se avance en esa línea y queremos que el trabajo que estamos haciendo sirva para que, cuando llegue a la instancia penal, sea con elementos suficientes, como por ejemplo, lo hemos hecho en una de las causas emblemáticas que es el de la enfermera Luciana Bernardet. Presentamos un amplio informe donde describimos cómo funcionaba todo el esquema de la descuento automático, etcétera, cómo después esos pagarés igual siguieron circulando y analizamos una gran cantidad de casos que tuvieron el mismo comportamiento para mostrar también elementos de la sistematicidad muy evidenciada.
Diana Vargas
Abogada y socióloga, con especialidad en Derechos Humanos y una amplia trayectoria en el ámbito público. Fue miembro titular del Mecanismo de Prevención de la Tortura, directora de DDHH del Ministerio del Interior y asesora legislativa. Es directora de la Comisión Especial de Investigación del Senado.
Es la utilización del aparato estatal en su conjunto (...) al servicio de una estructura criminal para dañar a miles de compatriotas.
