“¿Con quién tenés llegada...? A mí ese NN me pidió 4.000 por el provisional, pero yo quiero el definitivo, porque con el provisional me puede acusar en cuatro meses otra vez...”. Esta es la conversación que escuché el domingo pasado cuando realizaba mi caminata bien temprano. Aclaro que fue accidental, ya que el hombre hablaba a los gritos por su celular en pleno espacio público.
Para los que no entienden muy bien, traduzco la conversación y la contextualizo. “Tener llegada” significa normalmente que la persona conoce a alguna autoridad, por lo general, fiscal, juez, camarista; alguien que pueda darte una mano en un caso judicial.
Al hablar de un “provisional“, quiere decir que es un procesado por algún hecho punible, y el fiscal (cuyo nombre escuché, pero no lo mencionaré) debía presentar su requerimiento conclusivo ante el juez, por lo que le pidió 4.000 –dólares seguramente, la moneda más usada en estos casos–, para solicitar al juez un sobreseimiento provisional.
Finalmente, la persona quiere un “definitivo”, por lo que se refiere a un sobreseimiento definitivo, ya que el sobreseimiento provisional permite que la causa sea reabierta en uno o tres años, dependiendo si es un delito o crimen. En este caso, supongo debe ser un delito, ya que la persona cuenta con libertad ambulatoria.
Lo que me sorprende es la total impunidad con la que hablaba el hombre –al que no pude identificar–, sin ningún tipo de complejos para ventilar un caso así, evidentemente, corrupción pública.
Lo del fiscal, por el nombre, no me llama la atención, ya que solo confirma las sospechas que teníamos junto con otros periodistas al respecto. Aclaro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Pero la cuestión fundamental para mí es la poca credibilidad que tiene el Ministerio Público, al punto que ya a nadie sorprende este tipo de conversaciones en plena vía pública.
Un ejemplo de falta de ella es el caso del Metrobús. La Fiscalía imputa a un ex ministro y luego le acusa por supuesta lesión de confianza en la causa. Es decir que la agente, según la ley, llegó a la certeza positiva de que tenía las pruebas para acusar al procesado y, en un juicio oral, pedirá una condena en su contra.
La fiscala a cargo del caso asume luego como fiscala adjunta. No es que fuera destituida o apartada, sino asciende de cargo, por lo que el caso pasa a otros fiscales, que deben continuar con el proceso penal.
Sin embargo, en la preliminar, los agentes piden el sobreseimiento provisional, tras la presentación de documentos de la defensa. Antes del año, los mismos fiscales solicitan el sobreseimiento definitivo, con el argumento de que el hecho investigado ni siquiera es un delito.
Con ello, este ex ministro tiene todas las armas para pedir una indemnización al Estado, ya que fue imputado y acusado, sometido a un largo proceso penal, para que, al final, digan que el caso ni siquiera era un hecho punible.
Lo malo es que nadie creerá la cuestión, justamente por la falta de credibilidad fiscal. Es más, ese mismo día, imputaron a otro ex ministro, lo que también genera muchísimas dudas, especialmente, cuando que esta persona es precandidata presidencial por el movimiento contrario al que está en el Gobierno.
Es verdaderamente preocupante la situación en que queda la imagen del Ministerio Público, ya que una mayoría de la población piensa que se quiere favorecer a uno en detrimento de otro, en especial, en este momento preelectoral en el que estamos. Y no es el primer caso.
Lo peor es que el hecho, en realidad, lo que hace es socavar a una de las instituciones de fundamental importancia para la democracia. Incluso, la elección del fiscal general se da entre periodos presidenciales, para que no sea influenciado ni por el que sale ni por el que entra.
Los fiscales representan a toda la sociedad, a pesar de que gran parte de la ciudadanía cree que representa solo a un sector que, casualmente, ahora está en el Gobierno.
