El diputado colorado disidente Roberto González presentó un proyecto que propone modificar la Ley de Pensión Universal para Adultos Mayores, con el objetivo de eliminar el requisito de tener 60 años de edad para las personas con discapacidad.
El proyecto establece que una persona, sin importar la edad, sea merecedora de esta pensión, no menor al 25% del salario mínimo, desde el instante en que se constate su discapacidad severa.
En su presentación, el legislador mencionó que la mayoría de las personas con discapacidad no llegan a cumplir 60 años, porque quienes cuentan con problemas de movilidad se vuelven sedentarios y fácilmente sufren otros problemas de salud derivados de ese sedentarismo.
En el mes de mayo, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley que establecía pensiones del 25% del salario mínimo para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Este hecho generó una gran indignación en ese sector que busca la pensión para paliar los gastos que genera su condición.
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El oficialismo presentó otro proyecto que plantea modificar la Ley de Pensión Universal para Adultos Mayores, modificando el mismo artículo que refiere la disidencia, pero estableciendo que, en particular, a partir de los 60 años, quienes presenten una discapacidad severa, con un grado igual o superior al 50%, tendrán derecho a percibir el 25% del salario mínimo.
Proyecto en estudio
El proyecto de Roberto González prevé otorgar un aporte económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo vital a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La ley actual no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, se argumenta en el escrito de presentación o exposición de motivos.
Artículo 3: Establece la incorporación de las personas con discapacidad severa, certificadas por Senadis, como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente de la edad.
Artículo 7: Crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores.
Artículo 8: Establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Artículo 12: Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
Estudio en comisiones
El proyecto fue remitido a varias comisiones para su análisis. Las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Constitucionales y Legislación emitieron dictámenes favorables, recomendando su aprobación.
En cambio, las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, Familia y Personas Adultas Mayores, Presupuesto y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad dictaminaron en contra de la iniciativa parlamentaria.
El dictamen de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene la firma de los diputados cartistas Carmen Giménez, Héctor Figueredo, María Ida Cattebeke, Christian Brunaga, Liz Acosta, Fabiana Souto y Sebastián Remesowski. También tiene la firma de los diputados opositores Graciela Aguilera (PLRA) y Walter García (Yo Creo). Es decir votaron por unanimidad contra el proyecto.
