El diputado liberal Diosnel Aguilera cuestionó al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, por utilizar con fines particulares un vehículo cedido por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico).
Sostuvo que este tipo de situaciones se producen porque los bienes incautados son entregados a instituciones donde “están los amigos”, y debido a la ausencia de un manual de procedimientos claro. “Se otorgan vehículos a instituciones que no los necesitan. En lugar de seguir destruyéndolos, deberían simplificarse los procesos para vender esos bienes”, afirmó.
Agregó que, si la venta no fuera posible, una alternativa sería reconvertir los vehículos en ambulancias o patrulleras, de modo que puedan cumplir una función pública real.
Sobre Baruja, dijo que es un irresponsable, cuanto menos. “Su actitud es igual al resto del gabinete de Peña, como tiene garantizada impunidad, usa y abusa de los bienes del Estado”, señaló.
En ese tenor, también opinaron sus colegas Adrián Billy Vaesken y Pedro Gómez.
“Baruja es la prueba perfecta de la materialización de la frase: ‘Autoridad que no hace abuso de poder, pierde prestigio’; como era de esperar, hacen uso y abuso del poder público, convirtiendo los privilegios del cargo en beneficios particulares”, expresó Vaesken.
Gómez, por su parte, dijo que esta práctica irregular “ya se normalizó”, pese a que la ley es clara al hablar de un uso “totalmente institucional”. En ese sentido, consideró que el Congreso debe “volver a verificar esa ley y ser más duro con este tema”.
“Yo creo que ya hace bastante tiempo se degeneró totalmente la utilización de los vehículos incautados por la Senabico. Está establecido en la ley que eso debe ser un uso meramente institucional. Cuando la Senabico firma un convenio con algún ministerio, lo hace con el compromiso de utilizarlo de manera institucional”, señaló por su parte el diputado liberal Pedro Gómez.
