Las familias continúan viviendo en condiciones precarias sobre la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la altura del kilómetro 153 de la ruta PY12, cerca de General Bruguez, en el Departamento de Presidente Hayes, sin acceso a tierras propias y en medio de una situación que califican de injusta e insostenible.
El reclamo fue planteado recientemente durante una reunión entre representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (Clibch) y el diputado nacional Pastor Vera Bejarano, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
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Durante el encuentro, el legislador se comprometió a instalar el caso en la agenda pública y promover una mesa de trabajo con instituciones del Estado para buscar una respuesta concreta.
Según denuncian los líderes comunitarios, a pesar de las importantes inversiones realizadas en la pavimentación y mejoramiento de la ruta PY12, financiadas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se contempló una solución para garantizar el derecho a la tierra de las familias indígenas asentadas en la zona.
Martín Rojas, presidente de la Clibch, sostuvo que la situación de Tooshe Qaltaq ya no admite más postergaciones. Recordó que las familias llevan aproximadamente 30 años sobreviviendo al costado de la ruta, expuestas a múltiples riesgos y sin condiciones dignas para su desarrollo.
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“Se realizaron intensas gestiones desde el año pasado para avanzar en la compra de tierras para la comunidad, pero hasta ahora no existe una respuesta efectiva por parte del Gobierno”, expresó el dirigente indígena.
Desde la Coordinadora también remarcaron la necesidad de fortalecer institucional y presupuestariamente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), especialmente en lo relacionado con la adquisición de tierras para comunidades originarias.
Consideran que la falta de recursos limita la capacidad del organismo para atender una de las principales demandas históricas de los pueblos indígenas del país.
Como parte de los compromisos asumidos, se prevé la convocatoria a representantes del Indi, el MOPC y otras instituciones competentes para que presenten informes sobre la situación y definan acciones concretas que permitan garantizar el acceso a tierras y mejores condiciones de vida para las familias de Tooshe Qaltaq.
Mientras tanto, la comunidad continúa esperando una respuesta que consideran un derecho fundamental y una deuda histórica del Estado paraguayo con los pueblos indígenas del Bajo Chaco.
