En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), las familias indígenas que integran la comunidad de Loma, del Pueblo Guaraní Ñandéva, denunciaron la privación de su derecho de acceder al agua, según informó la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
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Esto, como consecuencia de resoluciones judiciales que guardan relación con una disputa de tierras, las cuales fueron reconocidas ya en el año 1984 por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que creó la colonia Nacional Indígena Loma, concediendo como propias de la comunidad 10.079 hectáreas que formaban parte de su territorio ancestral.
No obstante, tres ganaderos habrían invadido las tierras indígenas desde el año 2010, deforestando parte de ellas con una supuesta complicidad fiscal.
Los denunciados promovieron en el año 2018 juicios contra el Indert y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) por retención de inmueble por cobro de mejoras, logrando incluso que el Juzgado de 1ª instancia de Mariscal Estigarribia les otorgue medias cautelares de no innovar.
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Estas medidas impiden que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) pueda colocar el medidor que necesita la comunidad para hacer funcionar la motobomba, que posibilitaría sacar agua de un pozo para beber, asearse y cultivar.
En ese sentido, señalan que el juez interino Óscar Fabián Gómez Melgarejo debería dejar sin efecto las medidas cautelares de inmediato, por considerarlas arbitrarias, desproporcionadas y lesivas de derechos fundamentales de carácter vital, como es el derecho humano al agua.
Entretanto, indicaron que es aún más necesario el derecho al agua por la existencia de la pandemia del coronavirus, que torna imprescindible que todas las comunidades cuenten con acceso al líquido vital.
