El gerente de Economía de la Consultora Mentu, Jorge Garicoche, explica lo que hay detrás de los reclamos por pagos atrasados por parte del Estado, el cual afecta a sectores claves como constructoras, farmacéuticas y otros proveedores. Esta situación ha generado diversas interpretaciones sobre la gestión actual de las finanzas públicas.
Según recalca, la principal hipótesis que se maneja es que el Estado estaría posponiendo algunos compromisos de pago para poder cumplir con la meta de convergencia fiscal establecida para este año, que prevé un déficit fiscal de hasta 1,9% del PIB.
El experto señala que para comprender esta dinámica es esencial revisar los fundamentos de la política fiscal del país, analizar la situación actual y proponer ideas para un camino a seguir.
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“¿De dónde surge todo esto? ¿Qué es una regla fiscal? Paraguay, al igual que otras 122 economías a nivel mundial, cuenta con Reglas Fiscales. Esta es una normativa que regula las finanzas públicas (ingresos, gastos y/o resultado final) con el objetivo principal de evitar que las decisiones financieras conduzcan a una deuda pública insostenible”, indica.
Garicoche menciona que en nuestro país, esta regla se formalizó con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2013.
En ese sentido, la ley establecía reglas sobre el gasto y el resultado; en este caso, el gasto corriente no debía presupuestarse por encima de la tasa de inflación más un 4%, otro componente es el de los salarios, el experto recuerda que los aumentos solo se ajustarían ante un cambio en el salario mínimo legal vigente y en la misma proporción y el déficit fiscal, el tope (la meta) se fijó en 1,5% del PIB.
“El déficit fiscal, en términos sencillos, representa la diferencia que se necesita cubrir con nuevo endeudamiento (o ahorro) para financiar costos operativos e inversiones que los ingresos del Estado no logran cubrir”, sostuvo.
La ejecución presupuestaria y la obsesión por la meta
Garicoche señala que la totalidad de la ejecución presupuestaria del país está condicionada por este límite de déficit, lo que se conoce como espacio fiscal. Esto significa que el manejo presupuestario debe actuar de forma prudencial, recortando gastos o inversiones si los ingresos son insuficientes para alcanzar la meta fiscal. Incluso proyectos con financiamiento aprobado pueden ser recortados si su erogación excede el nivel meta de déficit.
Para el docente en Economía, la necesidad de “cumplir” con la meta fiscal por parte de las autoridades económicas tiene al menos tres connotaciones claves; una de ellas es la reputación internacional, ya que la responsabilidad fiscal mantiene una buena calificación ante organismos internacionales y calificadoras de riesgo.
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Asimismo, tiene una implicancia legal por la Ley N° 5098/13 que establece en su artículo 13 que el incumplimiento de la LRF se considera mal desempeño en las funciones para las autoridades. Este artículo sigue vigente, aunque se haya exceptuado temporalmente la meta de 1,5% por ley en el pasado.
Y finalmente involucra a la sostenibilidad de la deuda; para ello, es necesario que la nueva deuda que genera el Estado siga una trayectoria posible de cumplir.
¿Qué pasa con los atrasos?
Sobre el problema de los pagos atrasados a proveedores del Estado, dijo que este se profundiza en una inconsistencia contable.
Garicoche señala que el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que el registro del gasto debe hacerse cuando se genera el hecho económico.
“Es decir, en el momento en que el bien, obra o servicio es devengado (entregado y reconocido por la entidad). Sin embargo, el Sistema de Contabilidad (SICO) de Paraguay solo reconoce un egreso cuando la factura es obligada. El pago solo puede ser obligado si el Plan de Caja habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo permite, y el MEF toma esta decisión en función de cumplir con el límite del déficit fiscal”, argumenta.
Apunta a que esta situación es la “zona gris” donde se encuentra el Tesoro, el proveedor cumple y entrega el bien o servicio, que es recepcionado por el Estado, pero el SICO solo registra el gasto cuando se completa el proceso administrativo y la Tesorería lo autoriza, lo cual está supeditado a la meta fiscal.
“Por esta razón, la factura puede quedar retenida y no obligada. El sentido del cumplimiento de la responsabilidad fiscal es económico, no contable. Es decir, se busca ver cómo la evolución de las finanzas públicas afectan a la economía hoy y en el tiempo. Por lo tanto, lo registrado debe reflejar la realidad para que el análisis sea correcto”, sostiene.
Recomendaciones para evitar una crisis mayor
Para revertir esta situación y reconstruir la previsibilidad fiscal, Garicoche plantea una serie de medidas urgentes: reconocer los atrasos y establecer un cronograma de pagos creíble, coordinación entre el MEF y los ministerios ejecutores; planificación presupuestaria interanual, ajustar normas contables y avanzar hacia el devengado.
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Garicoche también recomienda reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone una nueva LRF con reglas más flexibles, modernas y transparentes, que incluya un mínimo obligatorio de inversión en infraestructura, parámetros claros para activar cláusulas de escape ante shocks económicos, la reposición de cláusulas de control de gastos (actualmente exceptuadas en el PGN 2026) y la creación de un Consejo Asesor Fiscal y las reformas estructurales: Caja Fiscal y recaudación.
Advierte que las mejoras contables o normativas serán insuficientes si no se corrige la ineficiencia del gasto público. Además, Paraguay es un país de baja presión tributaria, por lo que considera insostenible mantener tasas muy reducidas en sectores claves.
Garicoche concluye que la descoordinación entre instituciones y la falta de previsión en los pagos constituyen “actos de irresponsabilidad” que generan un alto costo para el país.
Aun así, remarca que Paraguay tiene la oportunidad de avanzar en productividad y competitividad, siempre que cuente con una gestión pública predecible, transparente y comprometida.
