Ex ministros de Hacienda consultados advierten que la deuda flotante está creciendo nuevamente y que el mecanismo de contener pagos para cerrar las cuentas del año genera distorsiones, afecta la calidad del gasto público y compromete a miles de empresas que dependen del Estado.
Benigno López, abogado y ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, afirmó que este problema no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de una década y se profundiza en cada cierre fiscal.
“Yo creo que el problema es ya recurrente, no es que ocurre ahora nomás, sino que viene desde hace como 10 años”, sostuvo López en conversación con Última Hora, para quien el atraso sistemático está directamente vinculado a la regla del déficit fiscal.
“Hay una deuda que al llegar a fin de año no se puede pagar porque se quiere cumplir con la regla del déficit, esto genera una cantidad de distorsiones”, expresó, cuestionando además la falta de transparencia en el cálculo oficial del resultado fiscal.
Aseguró incluso que, con este mecanismo, el número termina siendo artificial y haciendo que el peso recaiga sobre las empresas privadas que proveen al Estado.
“Yo no creo que se resuelva diciendo que el déficit es uno que no es, con tal de cumplir la regla mientras hay deudas que se reclaman (…). No puede ser que la solución esté en el esfuerzo del proveedor, que tiene que esperar mucho tiempo para cobrar. La solución hoy se encuentra en dejar de pagar la cuenta y no creo que sea justo”, insistió.
Recordó que ya durante su administración se había detectado una deuda profunda con proveedores en torno a los USD 400 millones, lo que se empezó a resolver por la vía de la sesión de crédito, acomodando los pagos mensuales.
“Funcionaba relativamente bien hasta que llegó la pandemia”, explicó, mientras que advirtió que el problema seguirá agravándose si no se aplican medidas de fondo.
Sostuvo que se necesitan más ingresos y mejor gestión, por lo que propuso mejorar la calidad del gasto, formalizar la economía para ampliar la base contributiva, aumentar la eficiencia recaudatoria y reducir el tamaño del Estado, considerando que hay 335.000 funcionarios que absorben 50% del presupuesto.
MALGASTO. López también planteó la necesidad de gastar menos y priorizar obras, evitando la expansión descontrolada. Señaló que, según datos del BID, el “mal gasto” ronda el 4% del PIB en Paraguay, lo que equivale a unos USD 2.000 millones al año, por lo que si el país alcanzara niveles de eficiencia mejores podría liberar recursos.
Para ello, menciona reformas como por ejemplo de la Caja Fiscal, así como señala que con una presión tributaria baja de Paraguay aún hay espacio para ajustar la matriz impositiva.
INADECUADO. En la misma línea, el ex ministro Manuel Ferreira afirmó que la postergación de los pagos para poder cerrar dentro del límite fiscal no es sostenible. “Si es una estrategia para cumplir el déficit, no es una buena estrategia”, afirmó y resaltó que la Ley de Responsabilidad Fiscal se basa en el déficit presupuestado, no en lo ejecutado, lo que permite que gastos devengados pero no pagados no ingresen al cálculo final.
“El problema es que se generan gastos y los ingresos ya llegaron a su pico. Yo veo complicado sostener este modelo de esta manera”, advirtió a su vez.
Criticó también que, para sostener la regla fiscal, se realizan recortes en sectores como inversiones o medicamentos. Sobre este último, dijo que la situación incluso se complica ya que la demanda social será cada vez mayor, teniendo en cuenta que la población paraguaya va envejeciendo y necesita de mayores insumos médicos.
