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Compra de insumos: Diputados presentan denuncia y Comisión Especial confirma irregularidades

Nueve diputados presentaron este jueves una denuncia penal por varios delitos tras el dictamen de la Contraloria General de la República que detectó irregularidades en la compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud. Paralelamente, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras de Covid-19 confirmó que hay más inconsistencias en la adquisición.

Sombra de corrupción. La compra de insumos realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) este jueves fue cuestionada desde diversos sectores, que advirtieron sobre diversas inconsistencias e irregularidades en la adquisición.

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En las últimas horas, un grupo de diputados hizo una denuncia penal en contra de personas innominadas y de forma paralela la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC) emitió un informe alertando de diversos puntos obscuros en el proceso de adquisición y entrega de los insumos necesarios por la pandemia de coronavirus.

Salud rechazó parcialmente los insumos y equipos proveídos por las firmas Imedic SA y Eurotec SA, como las camas eléctricas, mientras que se aceptaron las mascarillas quirúrgicas simples y los protectores faciales. Las empresas no pudieron conseguir los protectores oculares y actualmente se encuentra en análisis las mascarillas N95 y los equipos de bioseguridad.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra personas innominadas, luego de que la Contraloría General de la República haya referido que todo el proceso de compras de camas e insumos por parte del Ministerio de Salud está viciado de irregularidades.

Los supuestos hechos punibles que los legisladores desean que se investiguen son producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, estafa, producción y uso de documentos no auténticos y violación del derecho de marca.

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La denuncia fue presentada por los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Celso Kennedy.

La denuncia señala tres puntos del informe de evaluación de la compra elaborado por el Ministerio de Salud que deben ser analizadas por la Fiscalía. En primer lugar los diputados dicen que el documento, clave en el proceso de adjudicación, señala que se cumplen los requisitos a pesar de que no se cumplieron.

En segundo lugar sostienen que el informe de evaluación omite constancia de que no se presentaron muestras. Además, la denuncia cuestiona que el informe haya recomendado adjudicar a los oferentes porque cumplen con los requisitos técnicos y legales, a pesar de que esto no condice con lo expuesto por la Contraloría General de la República.

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A partir de esto, el Ministerio Público deberá designar un agente fiscal para investigar a los funcionarios del Ministerio de Salud, así como los representantes de las firmas adjudicadas, Insumos Médicos SA y Eurotec SA.

Cuestionamientos a mascarillas, trajes y camas

El informe presentado por la CESC, a cargo del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, indica detalla más irregularidades en cuanto a los productos comprados por la cartera sanitaria y que llegaron desde China de la empresa Imedic SA.

En ese sentido, se menciona que, según los registros de la Dirección General de Aduana, las mascarillas KN95 llegaron de China en tres cajas, consignando distintos fabricantes y sin marcas.

Sin embargo, las que fueron entregadas al Parque Sanitario del Ministerio de Saludfueron presentadas en una caja similar, pero con la marca HK.

Asimismo, señala que los trajes de protección biológicos no contaban con registro sanitario y que también observaron que los paquetes y etiquetas de los que llegaron al Aeropuerto Silvio Pettirossi diferían de los que se presentaron a Salud.

Por otro lado, refiere que los protectores faciales fueron despachados y entregados a Salud Pública sin marca, pese a que el contrato los obligaba a proveer de la marca HK.

De la misma manera, se sugiere que la empresa incurrió en un incumplimiento del contrato al no entregar las camas y los protectores oculares comprometidos en el acuerdo.

Giuzzio expresó que previo a la finalización del informe, se avanzó en la rescisión parcial contractual por estos ítems y que en caso de no aclararse los puntos, se deberán imponer las sanciones previstas y ejecutar las garantías pertinentes.

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