La denuncia presentada por la diputada Rocío Vallejo no se limita a señalar posibles irregularidades en la Procuraduría General de la República (PGR), sino que describe un mecanismo que, según sostiene, opera mediante una secuencia de decisiones administrativas y judiciales que terminan reduciendo los ingresos que debería percibir el Estado.
De acuerdo con la legisladora, el esquema funcionaría en al menos cinco etapas:
Primer paso
Identificar expedientes de alto valor económico. Se trata de demandas promovidas por la PGR para ejecutar pólizas de seguros o reclamar indemnizaciones millonarias a empresas privadas. En los casos citados por Vallejo, los montos reclamados superaban los G. 4.500 millones.
Segundo paso
Reasignar los casos. Según la denuncia, los expedientes inicialmente quedan a cargo de procuradores que no forman parte del grupo que posteriormente interviene en las negociaciones. A continuación, mediante resoluciones internas, las causas son derivadas a otros funcionarios bajo el argumento de una mejor organización del trabajo o de brindar un mejor servicio institucional.
Tercer paso
Negociar acuerdos por montos significativamente menores. Una vez producido el cambio de responsables, se inician conversaciones con las empresas demandadas para llegar a conciliaciones judiciales. La crítica de Vallejo apunta a que las sumas finalmente aceptadas representan apenas una fracción de lo que originalmente reclamaba el Estado. En uno de los ejemplos expuestos, una deuda reclamada por más de G. 4.500 millones terminó siendo cerrada por G. 720 millones.
Cuarto paso
Autorizar honorarios elevados. Mientras el monto recuperado por el Estado disminuye considerablemente, la denuncia sostiene que los honorarios profesionales de los abogados intervinientes permanecen elevados. En el caso analizado por la diputada, los honorarios habrían alcanzado cerca de G. 240 millones, equivalentes a aproximadamente un tercio del dinero finalmente recuperado.
Quinto paso
Consolidar la pérdida estatal. Según Vallejo, el resultado final es que el Estado deja de percibir miles de millones de guaraníes que originalmente reclamaba en juicio, mientras una parte importante del monto efectivamente cobrado termina destinada al pago de honorarios profesionales.
Lea más: Diputada denuncia acuerdos de la Procuraduría en perjuicio del Estado
La legisladora sostiene además que existen elementos que vuelven más llamativos los acuerdos cuestionados; entre ellos menciona que una de las empresas involucradas habría ofrecido pagar una suma superior a la que finalmente fue aceptada por la Procuraduría para cerrar el litigio.
Vallejo reclama una investigación para determinar si las conciliaciones respondieron efectivamente a criterios de conveniencia para el Estado o si detrás de las operaciones existió un esquema destinado a beneficiar intereses particulares en perjuicio del patrimonio público.
La congresista de Patria Querida (PPQ) señaló que el esquema podría involucrar a altos funcionarios y asesores de la Procuraduría, quienes mediante dictámenes y actuaciones administrativas habrían avalado los acuerdos cuestionados. Asimismo, sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en figuras penales vinculadas a lesión de confianza y otros delitos contra el patrimonio público.
También cuestiona que una entidad de la relevancia de la Procuraduría permanezca bajo una conducción interina durante más de ocho meses y anunció la presentación de un proyecto para que el cargo sea ocupado de manera permanente conforme a los mecanismos legales correspondientes. "¿Cómo va a estar una de las instituciones más importantes del país interinando por más de ocho meses?”, reclamó.
Recordó que el ex procurador Marco Aurelio González Maldonado, actual miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay, antes de abandonar la Procuraduría, designó como encargado de despacho interino a Rubén Elidio Gaona, quien continúa al frente de la institución.
