El proceso de renovación de autoridades en la Defensoría del Pueblo está bajo la lupa tras confirmarse la afiliación activa de la adjunta, Natalia Sosa Flores, quien busca la titularidad de la institución o, en su defecto, su reelección.
Senadores de la oposición advirtieron que esta situación no solo vulnera las prohibiciones legales, sino que socava la independencia e imparcialidad necesarias para un órgano encargado de velar por los derechos ciudadanos frente a los abusos del Estado.
Afiliación a la ANR genera cuestionamientos
“Para mí está mal que una persona que está afiliada a un partido político pretenda ocupar cargos como la Defensoría del Pueblo. Es importante la independencia y la imparcialidad de las personas que lleguen a ocupar estos órganos y estar afiliado a un partido político, operar por un partido político evidentemente le va a quitar esa independencia en cuanto a su gestión y a su función”, lanzó el senador de Yo Creo Rubén Velázquez.
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Aunque considera que se trata de una decisión individual, advierte que este tipo de situaciones ocurren porque estar afiliado al Partido Colorado abre puertas en la función pública.
Opositores hablan de una “rémora del stronismo”
En la misma línea se refirió Eduardo Nakayama (PLRA), quien calificó esta práctica como una “rémora del stronismo”.
Recordó la trilogía que existía durante el régimen de Alfredo Stroessner entre la Presidencia de la República, la Junta de Gobierno del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, donde incluso los militares de alto rango debían mostrar fidelidad al coloradismo y al “único líder”.
“Lamentablemente, durante la transición a la democracia, la hegemonía continuó bajo estas mismas prácticas hasta el enfrentamiento interno entre la cúpula civil wasmosista y la militar oviedista, lo que generó la crisis y un cisma que derivó años después en el Marzo Paraguayo y la salida del presidente Raúl Cubas Grau”, rememoró Nakayama sobre la reciente historia política paraguaya.
Piden mantener la militancia partidaria fuera de cargos clave
En este sentido, reclamó que el fiscal general del Estado, el contralor, defensor del Pueblo y ministros de la Corte, así como quienes ejercen importantes posiciones en el sistema de Justicia deberían estar al margen de la militancia para mantener su independencia.
Ambos legisladores recordaron las desafortunadas declaraciones del presidente Santiago Peña cuando promovía estas prácticas en plena campaña electoral.
“No olvidemos una declaración que había hecho el presidente de la República, Santiago Peña, que hay que afiliarse al Partido Colorado, que eso lo que les va a permitir a los jóvenes ocupar cargos en la función pública, más allá de la idoneidad, de la formación académica y de los títulos que puedan tener algunas personas y eso hace de que muchos consideren afiliarse; uno para conservar sus cargos y otro, evidentemente, para poder escalar dentro de la función pública y eso es lo que está pasando hoy en día”, lamentó Rubén Velázquez.
La defensora del Pueblo adjunta, Natalia Sosa Flores, figura como afiliada a la ANR pese a que la Ley 631/1995 “Orgánica de la Defensoría del Pueblo” exige suspender la afiliación partidaria mientras ejerce el cargo. La funcionaria que viola la normativa vigente se postula ahora para la titularidad de la institución.
La abogada Natalia Sosa Flores se desempeña como defensora del Pueblo adjunta desde el 2023, cuando Rafael Ávila Macke dejó vacante el cargo al asumir como titular de la institución, en reemplazo de Miguel Godoy, quien renunció tras una serie de escándalos.
Desde entonces, Sosa ejerció sus funciones sin mucha trascendencia y ahora busca un salto en su carrera. El 30 de julio pasado se postuló para ser titular de la Defensoría del Pueblo o bien para conservar su cargo de adjunta.
