El pedido fue hecho el 21 de abril pasado, por los abogados Anselmo Duarte, Rolando Ozuna y Walter Jara, en representación del presidente del Congreso, Basilio Núñez, y la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio de hechos punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros delitos conexos.
Según señalan, solicitaron informes a diversas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), y a personas jurídicas. Sin embargo, alegan que los mismos fueron renuentes a remitir la información solicitada por la Comisión Conjunta de Investigación, por el que solicita a la Justicia su intervención, en los términos de la Ley 137/93, que reglamente al artículo 195 de la Constitución.
El pedido cayó ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, que se declaró sin competencia y remitió el caso al juez del fuero Civil, ya que las instituciones se hallan regulados por el Código Civil, por lo que corresponde a ese fuero.
Sin embargo, el juez en lo Civil, Diego Alejandro Torres Sandoval, se declaró sin competencia porque el que fue sorteado fue el juez Palacios. El caso volvió al magistrado Penal que remitió el caso a la Sala Penal, por el conflicto de competencia.
Los ministros de la Sala Penal, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, entendieron la cuestión.
Analizaron la citada ley, y señalaron que para la aplicación de sanciones era competente el juez de Garantías, pero como en el caso, solo se piden informes, por lo que al no haber un pedido de sanción, debe ser competente el juez Civil. Con ello, el magistrado Diego Torres deberá resolver el pedido del Senado.
