14 ago 2026

Comisión antilavado debe integrar un opositor, dicen

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Cámara Baja. Líderes de bancada de distintos bloques en reunión donde delinean temas.

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En la Cámara de Diputados está en discusión como se distribuirán los tres espacios que como bloque tendrán en la integración de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, más conocida por la oposición como “comisión garrote”.

El proyecto que partió de la Cámara baja y que fue aprobada en ambas cámaras, solo espera que se realicen todos los pasos de rigor para que dé inicio a sus funciones.

Para tal efecto, los tres cupos que están previstos para Diputados, están en negociación.

El diputado Marcelo Salinas salió en defensa de su bloque reivindicando un espacio, dada la proporción de la Cámara.

“Ahora (tras reunión en mesa directiva) nos enteramos de que deben integrar tres diputados, dos van a ser de la ANR y yo creo que corresponde haya un liberal”, dijo.

Si bien reconoció que así “como se maneja acá” no le darán ese lugar ni al PLRA ni al tercer espacio.

Dijo que no concuerda con el mote de “comisión garrote”, dado que la misma tiene las características de la Comisión que investigó a Horacio Cartes en el período pasado.

El proyecto tuvo 26 votos a favor, entre ellos todos los votos de los cartistas y sus aliados tradicionales, además de los votos de legisladores, que dicen ser “independientes”.

Allí, el titular del Congreso, Basilio Núñez, dijo que no va a ir en contra de algún grupo económico específico y que la creación de la comisión es un calco de aquella presidida por Querey.

No obstante, la senadora Yolanda Paredes indicó que “no hay problemas para crear una comisión, sino que el problema es que se quiere utilizar figuras constitucionales para perseguir a ocasionales rivales políticos”.

Mencionó que un artículo de la mencionada ley establece que aquellos que no se presenten a la convocatoria de la comisión, podrían ser llevados por la fuerza pública o ser pasibles de arrestos domiciliarios, algo que catalogó como “muy peligroso”.

Desde la comisión se pretende investigar al grupo empresarial Zuccolillo debido a un caso judicial entre el banco Atlas y la Conmebol, aunque tampoco se descarta que intenten amedrentar a cualquier medio de prensa crítico con el oficialismo.

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