En junio de 2020, en plena pandemia del Covid, la Cámara de Diputados removió a Ramón Romero Roa como representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y en su reemplazo fue designado Hernán Rivas. Desde entonces, durante seis años, los colorados en el Congreso defendieron al ahora condenado falso abogado.
Con 43 votos designaron a Hernán Rivas como representante ante el Jurado de Enjuicimiento de Magistrados (JEM) después de remover a Ramón Romero Roa. Según el reporte de ÚH de aquella sesión, el diputado colorado Hugo Ramírez planteó el cambio, resaltando la carrera política y la formación profesional del diputado Rivas. La intención fue secundada por los demás colorados cartistas. También habló el ahora senador colorado Derlis Maidana quien dijo: “Una gran mayoría confía en Hernán Rivas para la representación”. (ÚH, junio 3, 2020)
Reemplazar a Romero Roa no fue una maniobra legal, pero a este solo lo respaldó la oposición, que denunció la ilegalidad de su reemplazo.
Pronto llegó la primera denuncia contra Rivas que fue presentada en junio de 2020 por parte de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal; en aquella presentación solicitaban la investigación de la validez del título de abogado de Rivas, y cuestionaban: “¿Cómo el juez de jueces va a saber menos que los jueces y fiscales a quienes debe juzgar?”.
Hace seis años los correligionarios de Roa y Rivas no hicieron caso a las advertencias. Hoy, después de la condena pretenden ser ellos los estafados, como apunta el senador colorado cartista Gustavo Leite, quien aseguró que Hernán Rivas les mintió y que cayeron “casi todos”. Aunque no son los únicos, hay organizaciones que expresan preocupación por la seguridad jurídica en el Paraguay; sin embargo, el caso Rivas y la defensa de los colorados forma parte de algo que se ha advertido repetidas veces: El copamiento de la Justicia por un sector partidario y sus consecuencias.
Las repercusiones son gravísimas no solamente para las inversiones, sino fundamentalmente para la existencia de Paraguay como una República. Como decía la acusación de la Fiscalía por más de veinte días, desde el 10 de julio de 2023 hasta el 1 de agosto de ese año, el senador cartista Hernán Rivas presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano de contrapoder encargado de analizar, enjuiciar a jueces y fiscales, responsabilidad que el legislador la habría asumido con un título falso de abogado.
Un nombramiento viciado desde el primer momento y avalado por la bancada colorada culmina con una condena de ocho años y es inadmisible pasar por alto la responsabilidad que ha tenido el Partido Colorado en el ascenso de Hernán Rivas, en particular el movimiento Honor Colorado, responsable de la plataforma que lo impulsó, primero como diputado, luego senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, incluso el presidente Santiago Peña se había referido a este como “un gran amigo”.
En diciembre de 2023, el Senado había rechazado el pedido de pérdida de investidura contra Hernán Rivas, por el caso de título falso. En la ocasión, solo las senadoras de la oposición Kattya González y Celeste Amarilla votaron por la expulsión, mientras que los demás opositores se abstuvieron. Dos meses después, Kattya fue expulsada del Senado.
El abogado José Casañas Levi, quien había sido director de la Unidad Anticorrupción del MEC, había revelado en 2023 que el ex ministro Eduardo Petta ignoró la investigación que demostraba que Hernán Rivas no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana. Casañas había dictaminado tras la investigación que el título de Rivas no debió ser registrado. Había hallado que Rivas comenzó la carrera en Ciudad del Este, siguió en Pedro Juan Caballero y terminó en Luque, pero la Sudamericana no abrió la Facultad de Derecho en la sede de Luque y no tenían un solo papel sobre exámenes ni actas.
No obstante, en octubre de ese mismo año, la bancada de Honor Colorado en el Senado le dio su respaldo a Hernán Rivas, con una declaración pública y abrazos entre Basilio Bachi Núñez, Silvio Beto Ovelar, Juan Carlos Nano Galaverna y Zenaida Delgado. Ellos afirmaron que la documentación del MEC avalaba el título universitario.
Haber encumbrado a quien no era abogado para que asumiera como juez de los jueces no fue un accidente y el Partido Colorado, partido oficialista, y su bancada en el Parlamento deben hacerse responsables por el daño generado a la democracia y el Estado de derecho.
