El Instituto de Previsión Social (IPS) constituye uno de los dos pilares más importantes de la seguridad social en Paraguay; sin embargo, su sostenibilidad financiera presenta riesgos debido a deficiencias de todo tipo por la irresponsabilidad de sus autoridades. La Contraloría General de la República (CGR), a través de sus reportes, da cuenta de la profunda crisis que enfrenta esta institución poniendo en riesgo el esfuerzo que trabajadores y empresarios han realizado durante décadas para garantizar ingresos en el retiro laboral y una vejez digna.
El debate en torno a la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones públicos se está convirtiendo en un tema recurrente en las noticias y el debate público en nuestro país.
A pesar de eso, continúan sin ser abordados por las autoridades los problemas históricos.
Los reportes de la Contraloría General de la República CGR señalan que de no corregirse las graves irregularidades y vulnerabilidades existentes, las reservas financieras del Instituto de Previsión Social, IPS, corren serios riesgos. De hecho, un antiguo riesgo tampoco abordado es el generado por los niveles de evasión, lo que impide que aumente la base contributiva.
El informe de la CGR advierte sobre la elevada concentración de las colocaciones de fondos de la previsional en el sistema financiero comercial.
Aunque las colocaciones en certificados de depósito de ahorro (CDA) e instrumentos bancarios generan ingresos por intereses, la distribución de dichos recursos ha mostrado oscilaciones en la cuota de participación de ciertas entidades.
A esto se suma la vulnerabilidad en cuanto a los mecanismos de protección.
El Fondo de Garantía de Depósitos vigente por ley cubre únicamente hasta 75 salarios mínimos por entidad. Para una institución que administra colocaciones bancarias muy superiores a ese límite, dicho esquema regulatorio resulta irrisorio ante la eventual quiebra o iliquidez de una entidad financiera, exponiendo los fondos previsionales a riesgos sistémicos.
Los reportes también señalan problemas en los sistemas contables e informáticos, ya que se han encontrado pagos de haberes jubilatorios a personas ya fallecidas. Esta falla responde a la falta de un cruce automático de bases de datos en tiempo real entre el IPS y el Registro del Estado Civil de las Personas.
El IPS administra una amplia cartera de bienes inmuebles cuyo rendimiento económico es sumamente bajo. La existencia de morosidad en el cobro de alquileres, inclusive por parte de instituciones del propio Estado reduce los fondos posibles. El deficiente registro patrimonial y la falta de actualización contable provocan que las propiedades sean debidamente controladas.
Uno de los hallazgos más importantes se refiere a la cartera de deudas que afectan directamente a los fondos.
La combinación del incumplimiento por parte del Estado paraguayo y del sector patronal privado suma cifras millonarias que de estar dentro de las reservas significarían un gran respiro a la institución y la posibilidad de dialogar reformas con calma y no en momentos de crisis severa como es el caso de la Caja Fiscal.
Ante el sombrío panorama fiscal y administrativo expuesto, surgen recomendaciones tanto del ente de control como del propio sentido común por lo que es inexplicable que las autoridades del IPS no hayan tomado cartas en el asunto para empezar, al menos, a proponer soluciones.
Los hallazgos recientes confirman que la amenaza a las reservas no proviene únicamente de la transición demográfica, sino también de la desidia institucional, el descontrol en los ingresos y gastos y la falta de mecanismos de protección para el capital invertido.
Es inaceptable que la negligencia que ha conducido a esta profunda crisis que enfrenta esta institución ponga en riesgo el esfuerzo que trabajadores y empresarios han realizado durante décadas para garantizar ingresos en el retiro laboral y una vejez digna.
Implementar medidas de cambios no es solo una exigencia técnica, sino un imperativo ético y social indispensable para asegurar la supervivencia del seguro social y salvaguardar los derechos de los cotizantes de hoy y de mañana.
