El procedimiento aplicado a Ovidio González en un centro oncológico de Pereira (centro de Colombia) fue posible gracias a que desde abril pasado existe en Colombia un protocolo para la muerte asistida elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional.
Según el protocolo, al enfermo que cumple con los requisitos para la muerte asistida se le aplica simplemente una potente sedación.
Ningún otro país de América Latina ha llegado tan lejos en el derecho a una muerte digna, algo que contrasta con la liberalidad demostrada por algunos países de la región respecto a otros asuntos también polémicos como el aborto, el matrimonio homosexual y la despenalización de las drogas.
Según dijo hoy a Efe Carmenza Ochoa, titular de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, fundada en Colombia hace 35 años, el caso de Ovidio González es el primero de eutanasia legal en América Latina.
“Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultados mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente”, escribió el enfermo cuando solicitó el procedimiento que hoy le produjo la muerte.
González tenía programada la eutanasia inicialmente para la semana pasada, pero a último momento el centro médico la canceló debido a la polémica y a las disquisiciones médicas que despertó su caso.
Finalmente este jueves un comité de expertos del centro médico pereirano aprobó la eutanasia solicitada por González, quien les pidió que se le hiciera cuanto antes para no seguir sufriendo.
En Argentina está prohibida la eutanasia, así como el llamado “suicidio asistido”, que se castiga como homicidio, pero desde 2012 está vigente la ley de “muerte digna” que garantiza el derecho de los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.
Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por la madre de una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento, quien pidió una muerte digna para su hija después de que los médicos se negasen a desconectar los aparatos que la mantenían viva.
Tras la entrada en vigencia de la ley, Camila murió el 7 de junio de 2012, con tres años, al ser desconectada del respirador.
En Brasil, la eutanasia tampoco es permitida y sólo se considera la “ortotanasia”, avalada por el Consejo Federal de Medicina, que permite la suspensión del tratamiento o retirada de los equipos que mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado.
En México, gracias a una reforma a la Ley General de Salud aprobada en 2008, se permite lo mismo que en Argentina y Brasil.
Esa reforma llegó casi un año después de que la capital mexicana aprobara la Ley del Voluntad Anticipada o del “bien morir”, que permite a enfermos terminales rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida.
En Perú no está permitida la eutanasia, pero el congresista Roberto Angulo, del grupo parlamentario Dignidad y Democracia, presentó en marzo pasado un proyecto de ley que despenaliza el homicidio piadoso y declara de necesidad pública la implementación de la eutanasia, sin que se haya votado hasta el momento.
En Uruguay la eutanasia es entendida como “ayuda al suicidio” y no es legal, según explicó a Efe Humberto Teske, abogado de uno de los implicados en el caso de los “enfermeros de la muerte”, que en 2012 confesaron que habían acabado con la vida de 15 pacientes bajo su cuidado por “razones humanitarias”.
Los dos acusados fueron absueltos en febrero pasado por no existir “plena prueba de los hechos”.
Lo que sí es posible es que un paciente decida no recibir un determinado tratamiento de salud en el caso de padecer alguna patología terminal, incurable e irreversible amparado por una ley específica.
En Bolivia, el código penal sanciona con una pena de uno a tres años de reclusión la eutanasia, calificada como “homicidio piadoso”, aunque pueden considerarse atenuantes para bajar la condena o incluso puede concederse un perdón judicial.
En su Manifiesto, la Federación Mundial de Asociaciones para el Derecho a Morir proclama que todas las personas deben tener el derecho a morir “con dignidad, lo que significa en paz y sin sufrimiento”, y que debe respetarse el deseo libremente expresado por un enfermo perfectamente informado de su estado de salud.
Sin importar su nacionalidad, profesión, creencias religiosas y opiniones política y éticas, los adultos que padecen grandes sufrimientos por enfermedades incurables deberían tener “varias opciones” al finalizar su vida, dice la ONG, formada actualmente por 51 asociaciones de 23 países.
La muerte es inevitable y nosotros creemos firmemente que debe dejarse que el individuo decida la forma y el momento de morir, siempre que ello no produzca a la sociedad más daño que la tristeza asociada a la muerte, señala el manifiesto.
