Las posturas están divididas entre la impunidad y la sanción, pero se descarta la pérdida de investidura, fue lo señalado por la senadora liberal Celeste Amarilla sobre el caso de su par Noelia Cabrera.
Igualmente, indicó que la Bancada Democrática se mantiene en la presentación del libelo acusatorio y en una denuncia ante la Fiscalía. Además, sigue la investigación, y en ese marco, solicitaron vía nota al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, información sobre el legajo de funcionarios a cargo de Cabrera, además de los asignados a Conaderna, que estaba presidida por la senadora.
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Amarilla, en tanto, aclaró que no confía en que Bachi otorgue la información, y manifestó que se está dando protección a la legisladora para que otros no sean afectados, porque muchos incurren en las mismas prácticas, por lo que no hay votos para la pérdida de investidura.
“Noelia Cabrera no vale nada, vale una mano, pueden reemplazar esa mano por otra. De lo que se trata es de no sentar precedente de que esto que ella hizo está mal, y que luego caigan los otros”, apuntó.
Celeste acusó que hay una especie de espíritu de cuerpo en el Senado y por eso se actúa con proteccionismo.
Por su parte, el senador Silvio Beto Ovelar sostuvo que su postura es esperar una sentencia, y que seguirá lo que dictamine la bancada. Reconoció que en el caso de Kattya González no hubo ninguna resolución, condena ni sentencia, pero que igualmente se votó por la expulsión porque fue la decisión del Comando Nacional de Honor Colorado.
Renunciaron por el escándalo
Tras las publicaciones periodísticas y la apertura de un sumario, los dos sobrinos de la senadora liberocartista Noelia Cabrera renunciaron al Senado. Se trata de los hermanos Iván Ramiro Giménez Cabrera e Iris Rebeca Giménez Cabrera, que cobraban como funcionarios permanentes, pero no asistían por ser empleados de un estudio jurídico.
El sumario igualmente continúa para identificar a los responsables del caso que fue revelado por una investigación periodística de Última Hora y Monumental.
Los neposobrinos en cuestión fueron categorizados como funcionarios permanentes, pese a no cumplir funciones y llegar solo al rango de bachilleres. Figuraban como funcionarios de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, y cobraban G. 13 millones y G. 8 millones, respectivamente.
